Ayer, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó a través de un tuit que el viernes pasado “firmó las resoluciones” que ratifican al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y que nombran a Roxana Barrantes, José Távara y Germán Alarco como directores de la entidad. La publicación fue una respuesta a las versiones que se habían ventilado horas antes en las redes sociales y que señalaban al jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, como el culpable de que las designaciones todavía no se oficializasen.
Sin embargo, según la PCM y en lo que se podía leer como un torpedo hacia el presidente Pedro Castillo, los documentos ya fueron remitidos “al despacho presidencial para su trámite correspondiente”, por lo que el bloqueo estaría en Palacio de Gobierno. ¿Qué retrasa los nombramientos? Pues no lo sabemos ni el mandatario ha dado alguna explicación al respecto, pero la circunstancia de que estemos en una semana clave en las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo que podría desembocar en la salida de uno de los ministros favoritos de Castillo solo alimenta las suspicacias de la existencia de algún inapropiado cálculo político.
Por lo demás, no deja de ser llamativo que la PCM haya acusado públicamente al jefe del Estado de ser el único responsable de esta demora, en lugar de hacerle la exhortación en privado, más aún tratándose de un tema que, como sabemos, ha sido uno de los que mayor atención ha concitado en el corto tiempo que lleva esta administración. Pues en unos meses en los que el dólar ha roto varias veces su máximo histórico (lo que ha obligado a la entidad a quemar cientos de millones de dólares para paliar su subida) y en los que el Ejecutivo ha demostrado su inclinación por nombrar a personas cuestionadas o sin experiencia en altos cargos del aparato estatal, conocer la identidad de los integrantes de la plana mayor del BCR se había convertido en una urgencia.
El problema es aún mayor si tomamos en cuenta que el plazo para que el Ejecutivo realizase estas designaciones venció el 29 de agosto (de hecho, la gestión de Pedro Pablo Kuczynski se tomó menos de tres semanas desde que se estrenó para confirmar a Velarde y nombrar a los otros tres directores). Y si bien es cierto que, a fines de ese mes, el ministro de Economía, Pedro Francke, había asegurado que Velarde continuaría en el puesto, la falta de una confirmación oficial durante todo setiembre no parecía presagiar nada bueno. Ahora, para variar, el Gobierno sigue aplazando lo que –de por sí– ya estaba aplazado, certificando que la necesidad de transmitir los mensajes económicos adecuados no va con ellos.
Quizá el Ejecutivo no se ha dado cuenta todavía de lo pernicioso que resulta esta dilación en un momento en el que la confianza de la inversión privada (esa a la que el presidente Castillo invitó a venir al país durante su reciente gira internacional) no sobra. Basta con ver, por ejemplo, los poco alentadores resultados de las encuestas de expectativas macroeconómicas del BCR o la de Opinión Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, o los indicadores de crecimiento de la inversión privada para el 2022 (que el BCR justamente ha cifrado en 0%), para entender la magnitud de lo que está en juego.
Venimos, vale la pena recordarlo, de semanas en las que hemos visto desde la presentación de un proyecto de ley de la bancada oficialista para establecer un nada solapado control de precios hasta un tuit del presidente del Consejo de Ministros amenazando con ‘recuperar’ Camisea si el consorcio que la gestiona no accede a renegociar “el reparto de utilidades a favor del Estado”, pasando por la designación como presidente del Consejo Directivo del Indecopi de una persona sin experiencia en temas vinculados con el sector. Con todo este ‘bagaje’ es lamentable que, ni siquiera con uno de los pocos anuncios acertados de su gestión en materia económica, el Gobierno se tome el asunto con la responsabilidad que merece.
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