Editorial: Ardides y ardites

Un ardid es un truco, un artificio mañoso en el que se busca hacer caer a otro para obtener algún beneficio. Un ardite, algo insignificante, de muy poco valor. En los últimos días, los ciudadanos hemos sido testigos de un intercambio entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha abundado en ambas cosas.

El Congreso, como se sabe, dejó concluir la primera legislatura sin aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria con una cantidad de votos suficientes como para que no tuviera que ir a referéndum (consiguió 82, cuando necesitaba 87 para solo requerir de una segunda votación en la siguiente legislatura y convertirse automáticamente en modificación constitucional), y ni siquiera incluyó en la agenda de su última sesión la discusión sobre el impedimento a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos para postular a cargos públicos.

El gesto fue interpretado por muchos como una doble treta de un sector de la representación nacional. Por un lado, por una cuestión de fechas, se evitaba que la eventual supresión de la inmunidad llegara a afectar a quienes hoy están en el Parlamento; y por otro, no se bloqueaba la postulación a cargos públicos en el 2021 de personas asociadas a varias de las bancadas presentes en el hemiciclo.

Sintonizando con el rechazo que esas dos jugadas podían provocar en la ciudadanía, el presidente Vizcarra se mostró indignado ante lo sucedido y anunció entonces en un mensaje al país que sometería lo primero a referéndum y que lo segundo sería materia de un proyecto de ley que presentaría al Congreso; y luego, también motivo de consulta en el mismo referéndum.

No dijo en ese mensaje, sin embargo, que, en realidad, al haber alcanzado los 82 votos que mencionábamos antes, el asunto de la inmunidad debía ir a referéndum porque así lo establece la Constitución. Ni aclaró tampoco que lo que se votaría en esa circunstancia sería el texto aprobado por el Parlamento y no alguno que a él se le fuera a ocurrir. ¿Por qué? Pues daría la impresión de que fue porque quería lucir como el valedor de una medida que podía reportarle réditos políticos. No sería la primera vez que el jefe del Estado opta por un ademán efectista pensando en sus índices de aprobación. Y en momentos en que su manejo de la emergencia por el COVID-19 comienza a ser cuestionado, el baño de popularidad le venía, además, mejor que nunca.

Arrinconado, el Congreso convocó a una sesión extraordinaria en la que abordó y aprobó a paso redoblado las dos iniciativas en las que el presidente se había arropado para enfrentarlo… Pero agregó en su decisión un detalle envenenado: cambió también, entre otras cosas, las características de la “inmunidad” que la Constitución le concede al presidente. Es decir, estableció que este puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. Sin duda un golpe político en el que se combinaron un cierto espíritu de revancha con la evocación de algunos datos que ensombrecen la pasada gestión del mandatario en el Gobierno Regional de Moquegua.

Es oportuno recordar en este punto que las modificaciones a la inmunidad en uno y otro caso son harto opinables y no se traducen en mejoras en la lucha contra la corrupción tan sencillamente como quienes las promueven pretenden. Pero no es eso lo que buscamos destacar en esta oportunidad, sino más bien el poco valor que tiene el intercambio de tretas descrito para la ciudadanía.

Es irónico por ello que el jefe del Estado haya reaccionado ayer a la última de ellas afirmando que se ha tratado de “un ardid del Congreso”, cuando es evidente que esa misma calificación podría atribuírsele a su propia forma de proceder respecto del Legislativo dos días atrás.

Lo que tristemente tenemos, en suma, no es solo un trueque de ardides, sino también uno de ardites. Uno en el que la única inmunidad que queda olvidada es aquella que los ciudadanos necesitamos frente a las consecuencias negativas de la pandemia, pero que nadie nos provee.