Editorial: Designados primero, evaluados más tarde

Ya hemos dicho anteriormente que una de las características del gobierno de Pedro Castillo es su probada, sistemática e incorregible tendencia a escoger funcionarios con cuestionamientos que van desde el ámbito moral hasta lo estrictamente penal. Aparejada a esta, existe además una incapacidad para removerlos de sus puestos una vez que sus antecedentes comienzan a salir a la luz y, por el contrario, solo tomar correctivos cuando la situación luce ya insalvable.

El caso más dramático de esta vocación por el autosabotaje se dio con el depuesto Héctor Valer, cuyo nombramiento como presidente del Consejo de Ministros se cayó a los tres días luego de que la prensa revelara que arrastraba escalofriantes denuncias por violencia doméstica contra su esposa y su hija que datan de hace cinco años. Pues bien, instalado el nuevo Gabinete (que, en realidad, de nuevo no tiene mucho), hay que decir que todavía sobreviven en él integrantes con denuncias como las que motivaron la salida de Valer.

Consultado específicamente sobre esa situación en una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, anunció: “En cuanto a denuncias que pueda haber contra los actuales ministros sobre violencia a la mujer, estoy solicitando a cada uno de ellos que me informen si tienen algún antecedente al respecto”. “Ustedes saben que desde el Ministerio de Justicia siempre hemos defendido a la mujer”, añadió.

En primer lugar, vale recalcar que la promesa de Torres apareció solo tras la consulta puntual de una periodista; no pareció una iniciativa suya ni, ciertamente, de alguno de los ministros que lo flanqueaban. En segundo lugar, es llamativo que el jefe del Gabinete haya formulado el anuncio sin anticipar cuáles serían las medidas en caso de que se confirmara que alguno de los ministros registra este tipo de denuncias (¿los removerán en el acto?).

En tercer lugar, hay que decirle al señor Torres que las evaluaciones deberían hacerse antes de nombrar a los ministros, no después. Esto, con toda seguridad, le ahorraría a él y al presidente el mal trago de tener que cambiar a ministros agresores a días de haberlos designado y al país, la vergüenza de haber contado con funcionarios como estos así sea por poco tiempo. Si este anuncio es la única lección que sacaron en el Ejecutivo del bochornoso episodio Valer, pues las cosas pintan bastante mal.

En cuarto lugar, sí existen integrantes del Consejo de Ministros con ese tipo de antecedentes. Y Torres lo sabe. En el caso del titular de Defensa, José Gavidia (quien calificó las denuncias contra Valer como “temas personales” y quien increíblemente afirmó que él también tenía “un tema personal”), fue denunciado por su esposa en setiembre pasado por presuntamente haberla hostigado, según Latina. En el caso del titular de Transportes, Juan Francisco Silva, “Cuarto poder” reveló en agosto pasado que fue denunciado por su expareja por daños físicos y psicológicos en el 2011. Torres ha compartido el Gabinete con Silva desde julio pasado, por lo que es inverosímil que no conozca las serias imputaciones que este arrastra.

Por otro lado, es falso que, en su calidad de ministro de Justicia, el hoy jefe del Gabinete “siempre” haya defendido a la mujer. Pues mientras otros ministros cuestionaron duramente a Héctor Valer, él optó por guardar un conveniente silencio, como tampoco criticó en su momento la presencia de un personaje probadamente misógino como Guido Bellido en el puesto que él hoy ocupa.

Por lo demás, no deja de llamar la atención la presencia de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, que apenas unos días atrás aseguraba que excusas como la usada por el ministro Gavidia –con el que hoy comparte cómodamente la mesa– para defender a Valer “nos hacen retroceder al siglo pasado”, y solicitaba en sus redes sociales un Gabinete con paridad, exactamente opuesto al que hoy integra (con solo tres mujeres de 19 cupos).

Si en el Ejecutivo realmente quieren mostrarse inflexibles contra la violencia de género, bien harían en evitar que los ministros con antecedentes por este delito lleguen primero a los cargos, salvo que, en realidad, estos temas no les importen tanto como afirman.