En busca del diálogo perdido

En estos días han hecho noticia las reuniones que han sostenido el presidente Martín Vizcarra, ocho ministros y dos viceministros del Gobierno con diferentes organizaciones políticas, sociales y empresariales. Decimos adrede que estas citas ‘han hecho noticia’ porque, precisamente, eso es lo que han sido: noticiables o, dicho de otra manera, novedosas.

De todos los diálogos, quizá el más destacado fue el que sostuvieron tres días atrás representantes del Ejecutivo con los presidentes de seis de los nueve partidos políticos presentes en el Congreso de la República. De un lado, estuvieron los ministros Vicente Zeballos (PCM), Víctor Zamora (Salud), María Antonieta Alva (Economía), Sylvia Cáceres (Trabajo) y Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social). Del otro, la señora Patricia Li (Somos Perú) y los señores Mesías Guevara (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Marco Arana (Frente Amplio) y Luis Galarreta (quien, en su condición de secretario general de Fuerza Popular, asistió en reemplazo de su lideresa Keiko Fujimori).r

Es cierto que entre febrero e inicios de marzo (antes de que este Parlamento se instalara), el Ejecutivo mantuvo dos rondas de conversaciones con casi todas las bancadas –las invitaciones se enviaron a las nueve, pero algunas declinaron participar– que se alistaban a ocupar sus curules. Pero también lo es que, desde entonces (cuando la pandemia aparecía como una amenaza marginal para el Perú), la situación ha cambiado de manera tan dramática que sorprende que haya pasado tanto tiempo sin que el Ejecutivo y los partidos con presencia parlamentaria se volviesen a congregar. Más aún si consideramos que este Gobierno no tiene formalmente una bancada oficialista que lleve sus propuestas al Legislativo o que defienda sus medidas ante el resto de la representación nacional.

Tal vez una comunicación más fluida habría permitido ahorrarnos los trances bochornosos de los últimos meses, como el desatado a raíz de la propuesta gubernamental para la reforma del sistema de pensiones (que fue archivado por el Parlamento para, en su lugar, impulsar una iniciativa muy parecida) o el enredo producido en torno a las medidas para el deshacinamiento de los penales por la emergencia sanitaria (que el Congreso se resistió a aprobar alegando imprecisamente que el Ejecutivo contaba con las facultades para hacerlo por cuenta propia). Y habría abonado la posibilidad de que el Gobierno llegue a algunos acuerdos con el Congreso, antes de que este empuje leyes que, en última instancia, le causarán serios inconvenientes (como ocurrirá con la norma que suspende el cobro de peajes).

Es innegable que el Gobierno lleva la manivela en medio de esta crisis sin parangón en nuestra historia (por sus resonancias tanto sociales como económicas), pero también es cierto que no puede conducir el país en completa desconexión con el resto de las fuerzas políticas. Peor aún en momentos en los que está abocado a confeccionar aquello que se ha decidido denominar, de manera grandilocuente, la ‘nueva normalidad’. En ese sentido, el anuncio de la PCM de que el primer ministro Zeballos buscaría institucionalizar el diálogo con los partidos es un buen inicio.

Viendo a futuro, un diálogo permanente podría, de un lado, ayudar a que el Congreso le reste fuerzas a sus ansias por promover leyes sin sustrato técnico (muchas de las que han sido formuladas en medio de una competencia tan frívola como irresponsable con el Ejecutivo por el protagonismo político) y, del otro, estimular que el Gobierno sea más transparente en las medidas que viene implementando y en las estadísticas que maneja de la emergencia sanitaria (las pruebas rápidas y la impalpable ‘meseta’ de contagios, de las que hablamos hace dos días aquí, son dos buenas razones para ello).

Por lo pronto, si se lograran ambos cometidos ya el país habría ganado mucho.