Interferencia descarada

El jueves, el presidente Pedro Castillo, a través de uno de sus abogados, el señor Eduardo Pachas, presentó una denuncia ante la Inspectoría General de la Policía Nacional contra el coronel PNP Harvey Colchado, líder del grupo de policías que presta apoyo al equipo especial de fiscales encargados de las investigaciones al entorno del mandatario y que son coordinados por la fiscal Marita Barreto.

En concreto, el mandatario ha solicitado el inicio de un proceso disciplinario que desemboque en el pase al retiro del oficial, a quien acusa de haber cometido una falta grave. Según la defensa del jefe del Estado, Colchado vulneró la inmunidad presidencial el pasado 9 de agosto, cuando acudió a la residencia de Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes en cumplimiento de una orden judicial.

Más allá de las leguleyadas que los defensores del mandatario puedan ofrecer (y a las que ya nos tienen tan acostumbrados a la ciudadanía), se trata sencillamente de una nueva maniobra del Ejecutivo para sabotear las investigaciones que se siguen contra los familiares del presidente o sus exfuncionarios. A pesar de su recurrencia, sin embargo, nunca deja de sorprender los niveles a los que son capaces de llegar en esta empresa, sin realizar un esfuerzo mínimo por ocultar, aunque sea por decoro, sus ánimos obstruccionistas. Y cómo estos nos demuestran a la ciudadanía que las mil y una veces en las que Castillo ha recitado la cantaleta esa de que se allana a las investigaciones en la realidad ha demostrado todo lo contrario.

Con respecto al caso de Colchado, múltiples fuentes de este Diario coinciden en que se trata de una denuncia tan inédita como inviable. El oficial, como se sabe, acudió a la Casa de Pizarro el 9 de agosto en ejercicio de sus obligaciones y en obediencia de las órdenes que recibió. Pero el solo hecho de que se haya planteado esta solicitud podría suponer que se le suspenda de forma preventiva, así como su sometimiento a un proceso en el que cumplirán un rol importante algunas autoridades afines al gobierno, desde el Ministerio del Interior hasta la comandancia general de la Policía Nacional.

No obstante, la amenaza contra quienes investigan al jefe del Estado, sobre todo tras el allanamiento que tuvo como fin detener a la cuñada del presidente, estaba clara desde hace días. Según consigna el acta fiscal del 9 de agosto, el abogado Pachas lanzó una “advertencia” al fiscal Hans Aguirre (“esto no se va a quedar así, esto va a traer consecuencias”, le habría dicho). Por lo que ahora estaría cumpliendo su promesa.

No conviene olvidar, además, que aparte de Colchado, el Ejecutivo ya ha mostrado su interés en afectar el trabajo del equipo especial de la policía que presta apoyo al Ministerio Público en las investigaciones a los allegados del presidente, ya sea debilitándolo o infiltrándolo. Este grupo, después de todo, fue la razón por la que en su momento destituyeron al entonces ministro del Interior Mariano González cuando este tenía apenas dos semanas en el puesto.

Por más que digan lo contrario, entonces, el modus operandi del presidente ha sido el de utilizar todas las herramientas a su disposición para tratar de frustrar la acción de la justicia. A medidas como demorar el ingreso de la fiscalía a Palacio, “perder” la información de cámaras de seguridad y elegir guardar silencio en los interrogatorios fiscales, se suman las sospechosas fugas de personajes claves, como la del exministro de Transportes Juan Silva y la de Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario.

Todo, además, en perjuicio de nuestra institucionalidad y exponiendo al país a escenarios divorciados de la democracia, en los que el poder se desperdicia en intentos desvergonzados por entrampar la justicia que ya ni siquiera pretenden esconder.

Con esta y tantas otras acciones, Pedro Castillo está recorriendo un camino peligroso donde nos demuestra hasta dónde puede ser capaz de llegar con tal de salvarse el pellejo él y los suyos.