La comisión solipsista

La diferencia entre detectar un problema y estar en capacidad de proponer una solución eficaz al respecto es importante. Lo que ocurre en estos días en el país en torno al sistema de pensiones es un buen ejemplo de ello. La obligatoriedad del ahorro previsional tiene consecuencias negativas que se manifiestan de distinta manera en los servicios que ofrecen las AFP o la ONP. Clientes razonablemente insatisfechos de las primeras o la segunda han visto siempre la posibilidad de una reforma que las comprenda con buenos ojos. Y frecuentemente, también con indignación.

Esa circunstancia ha convertido desde hace tiempo el proyecto de la ansiada reforma en un bocadillo apetecible para los políticos en busca de aprobación y popularidad. Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y el apremio económico que vive hoy la enorme mayoría de peruanos por la epidemia del COVID-19 no ha hecho sino incrementar ese apetito.

La iniciativa para poder retirar hasta el 25% de los fondos personales de las AFP –que perjudica antes que beneficiar a quienes tenían o tienen dinero invertido en tales cuentas esperando el momento de su jubilación– es un síntoma inequívoco del mal que estamos describiendo. Aprobada en el Parlamento, a pesar de las objeciones técnicas que sus defensores solo supieron responder con formulaciones demagógicas, esa ley no consiguió despertar el prurito del contrapeso de poderes en el Ejecutivo, que se abstuvo de observarla a pesar de que se había pronunciado semanas antes contra ella. Una abdicación de sus responsabilidades que se explica precisamente por el terror a aparecer en el lado ‘equivocado’ de una confrontación política cuando las simpatías populares son lo que está en juego.

Ahora el Congreso ha dado un nuevo paso en la misma dirección: ha aprobado la creación de una comisión especial encargada de la mentada reforma que estará integrada solamente por nueve legisladores (uno por bancada) y tendrá un plazo de trabajo de 150 días. La creación de este grupo de trabajo se produce luego del archivamiento de un proyecto con propósitos similares que el Ejecutivo había remitido al Parlamento, y que proponía la conformación de una comisión mixta que incluyese también a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguros y el BCR, entre otras entidades. Voces que, sin duda, aportarían una perspectiva técnica a la materia de la que los congresistas carecen.

Es cierto que esas voces podrán ser escuchadas por la comisión si son invitadas a algunas de sus sesiones. Pero se trata obviamente de un nivel de participación distinto. Además, la mayoría de la representación nacional ha dado ya muestras de su permeabilidad a los criterios técnicos en el contexto de la discusión y aprobación de la norma sobre los fondos de las AFP ya aludida. Y es evidente que mientras más alejados estén esos criterios del nervio mismo de la comisión, más fácil será ignorarlos.

Esta modalidad solipsista de proceder con la reforma anuncia, pues, un resultado político en el peor sentido de la expresión. Es decir, uno en el que prime el afán de sintonizar con el “clamor popular” sobre la voluntad de hacer lo que los números y la sensatez aconsejan. Una receta de la que la ciudadanía viene recibiendo abundantes notificaciones desde que empezó la emergencia. Y que, a este paso, amenaza con convertirse en la emergencia misma.

Es de esperar que, ante la previsible eventualidad de un resultado calamitoso del trabajo de esta comisión, esta vez el Ejecutivo tenga la presencia de ánimo necesaria para frenar, en la medida de sus posibilidades, un daño adicional a los ahorros previsionales de los peruanos.