Editorial El Comercio

Ayer precipitó el final de su presidencia. Lo hizo cercado por serios señalamientos de corrupción contra él y su entorno a los que nunca supo (ni quiso) dar respuesta, en momentos en los que el se alistaba a votar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra y terminando de quebrar el orden democrático al que jamás le interesó respetar. Así es como decidió y ojalá que el juicio que esta haga sobre su legado con el correr de los años no eclipse ni edulcore esta realidad.

Es cierto que el golpe que dio Castillo no prosperó, pero ello –contrariamente a lo que algunos de sus todavía simpatizantes se aventuraban a asegurar ayer– no lo hace menos golpe. Que nadie se confunda: lo que nuestro país vivió ayer fue un golpe de Estado con todas sus letras, pero, también, una respuesta célere y encomiable de las instituciones que resistieron el zarpazo y no se dejaron aturdir por las ínfulas de un rufián que intentó chapuceramente capturar el orden democrático.

Decir que ayer nuestras instituciones respondieron a la altura de la responsabilidad que la Historia les demandaba no es exagerado. Hizo bien el Congreso en tramitar cuanto antes la vacancia del usurpador y juramentar en su lugar a la vicepresidenta , preservando así la línea de sucesión y llenando el vacío que se había gestado tras el golpe del primero. Hicieron bien también las Fuerzas Armadas en al mandato constitucional y los efectivos policiales en proceder del aspirante a tirano. De igual manera, debe destacarse la reacción del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales y el Ministerio Público en su condena unánime de la quiebra de la democracia. Si hoy no amanecimos en una dictadura, ello se debe en buena cuenta a la rápida respuesta de nuestras instituciones, muchas de ellas, además, que habían venido siendo vilipendiadas y maltratadas consistentemente por el régimen de Castillo y sus adláteres.

Le tocará al frustrado dictadorzuelo y a quienes lo acompañaron en su operativo de desmontaje de la democracia ser juzgados por las autoridades pertinentes. Porque, como dijimos ayer, el golpe no se gestó de la noche a la mañana. Hubo una seguidilla de mensajes que estaban allí para los que quisieran verlos y que ya advertían sobre la vena autoritaria de Pedro Castillo. Ciertamente, habrá muchos a los que la ley no alcanzará a juzgar, pero deberá ser el juicio de la Historia el que se encargue de recordar la manera cómplice y desvergonzada con la que apañaron cada una de las acciones de quien, desde su época como candidato, ya había dejado entrever su poco respeto por las instituciones, la prensa y las formas democráticas.

Yendo específicamente al gobierno de Pedro Castillo, hay que decir que el legado de sus casi 17 meses en el cargo fue uno de incompetencia, indicios de corrupción sistémica, ataque a las instituciones e intentos de polarizar al país. Jamás le interesó ser transparente ni convocar a amplios sectores para que gobiernen con él. Estuvo dispuesto a respetar a las instituciones solo en la medida en que estas no lo incordiasen (como lo muestran sus constantes ataques a la fiscalía y al equipo especial de la policía encargado de capturar a sus antiguos funcionarios) y no dudó en cerrar el Parlamento cuando vio que la posibilidad de que este lo destituyera por una vacancia que estaba más que justificada era real. En consecuencia, no hubo ni habrá nada que reconocerle.

Corresponde ahora a la presidenta Dina Boluarte dirigir un gobierno que se aparte de todo lo que su antecesor representó. Uno en el que, para comenzar, las investigaciones que se vienen desarrollando en el Ministerio Público contra ella se respeten y aquellas que se siguen y se abrirán contra su antaño compañero de plancha presidencial, también. Después de todo, quizá nunca como hoy haya quedado tan clara la importancia de proteger el trabajo de las instituciones y ojalá que el nuevo Ejecutivo haya tomado nota de ello. La democracia ha resistido, es cierto, pero nada nos garantiza que pueda hacerlo de nuevo.

Editorial de El Comercio

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