Es difícil encontrar a personas dispuestas a defender el Congreso del período 2021-2026. Su aprobación popular estaba justificadamente en niveles mínimos. Sin embargo, entre los pocos aciertos que sí tuvo se cuenta la prioridad que le dieron las bancadas más alineadas con el sistema político y económico a ocupar la presidencia de comisiones estratégicas en momentos críticos. Especialmente importantes fueron las primeras gestiones de las comisiones de Economía y de Constitución durante el período de Pedro Castillo. Estas impidieron que se avance con la ruta de cambio radical de modelo que proponía Perú Libre.
Para el período 2026-2031, el mapa de poder ha cambiado significativamente. Por un lado, ya no existe esa amenaza antisistema desde el Ejecutivo. Por otro lado, el peso del Congreso se ha dividido en dos cámaras, y dentro de cada una la correlación de fuerzas es diferente. Esta dinámica se vio fielmente reflejada en los resultados de las elecciones de las respectivas mesas directivas.
Una preocupación que se deriva de esta recomposición es la que resaltamos en el informe de hoy en El Comercio. El bloque de izquierda –que suma los votos de Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN), Obras y Partido del Buen Gobierno– busca presidir las comisiones de Constitución, Economía, y Energía y Minas en Diputados. Con los 74 votos que demostraron tener en la elección de Óscar Reto como presidente de la cámara, basta y sobra para aprobar el cuadro de comisiones que deseen, respetando la proporcionalidad de cada bancada. De ese modo, Fuerza Popular y Renovación Popular se quedarían solo con las comisiones que al bloque de izquierda no le interese ocupar.
El bloque de la derecha en la Cámara Alta sí podría contar con la fuerza para ocupar ahí la titularidad de las comisiones de Constitución y Economía –y servir de filtro para recibir y evaluar los proyectos de ley que les lleguen desde Diputados–, pero sus votos son sumamente justos. Lo que está en juego no es poco. Parlamentarios de grupos como JP y AN han prometido impulsar medidas radicales que incluyen una asamblea constituyente. Que ahora pasen a tener el control de las comisiones que dictaminarán los proyectos de ley más relevantes en la Cámara Baja debería ser motivo de alerta. El resultado final es que el rol del Senado se vuelve ahora aún más relevante de lo que originalmente se había pensado.
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