Editorial: La hora de la prudencia

El viernes, el Gobierno confirmó que, con la excepción de siete regiones del país, la cuarentena decretada para contener el avance del COVID-19 no se volverá a prolongar y que mañana será su último día de vigencia. Así, se marcó el final de una dinámica a la que los peruanos nos acostumbramos por más de tres meses: se definía una fecha final para el confinamiento, pero pocos días antes de que llegásemos a ella se anunciaba una extensión. Sin embargo, aún se mantienen ciertas medidas, como el toque de queda, que pasará a regir todos los días desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (salvo en las siete regiones exceptuadas, donde esta se extenderá desde las 8 p.m. y será total los domingos).

Como se sabe, esta flexibilización de las restricciones está lejos de ser una consecuencia del control efectivo de la pandemia. La estrategia salvó vidas, pero, por donde se la vea, se ha quedado corta. En efecto, el Perú es el sexto país con más casos positivos del nuevo coronavirus en el globo e informes independientes nos posicionan como el que registra el mayor exceso de muertes con respecto a años anteriores. De acuerdo con el ministro de Salud, estamos enfrentando un lento descenso de la curva epidemiológica, pero el virus no ha dejado de representar una amenaza letal para la vida y para nuestro alicaído sistema sanitario.

Más bien, el fin de la cuarentena se explica más por las consecuencias económicas que viene generando que por el éxito de esta como método para paliar los efectos de la epidemia. Solo en Lima Metropolitana se han perdido más de 2,3 millones de empleos y el Banco Mundial pronostica que tendremos una caída del 12% en nuestro PBI. En esa línea, frente al hecho de que miles de ciudadanos han tenido que romper las restricciones desde hace semanas para no quedarse sin nada que llevar a sus mesas, una nueva ampliación hubiese sido un despropósito y se hace urgente permitir que el aparato productivo del país vuelva a ponerse en marcha, aunque sea todavía en un nivel bajo.

El verdadero reto, empero, recién empezará el 1 de julio. Desde ese día, el protagonismo en la lucha contra el COVID-19 dejará de tenerlo el Gobierno y dependerá íntegramente de cuán prudentes seamos los ciudadanos. Es vital que se comprenda que el patógeno sigue al acecho y que lo poco que hemos logrado con tanto sacrificio en los últimos meses puede disolverse en pequeños actos de irresponsabilidad. Es nuestra obligación evitar las grandes aglomeraciones de personas, mantener rigurosos criterios de higiene y proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Resulta difícil imaginar, y los expertos lo respaldan, que el fin del confinamiento no vaya a suponer un aumento de casos de coronavirus, pero está en nuestras manos evitar que esto implique un nuevo estallido aún más difícil de controlar.

En este proceso será importante que el Ejecutivo redoble sus esfuerzos en ciertas áreas. Tras la repoblación de las calles será vital que se insista en llevar a cabo una intensa campaña diagnóstica. Aunque en promedio, durante junio, se han realizado más de 21 mil pruebas diarias, el 85% de estas han sido las serológicas, marcadamente menos precisas que las moleculares. A estas alturas de mayo el porcentaje era el mismo, mientras que en abril las llamadas pruebas rápidas representaron el 79% del total de exámenes realizados. La dependencia de este tipo de herramientas tiene que reducirse, pero ello no se ha logrado en los últimos meses. El fin de la cuarentena y el probable aumento de los contagios tienen que empujarnos en ese sentido.

También será importante que se continúe mejorando la capacidad de nuestro sistema de salud. Incluso si se llegase a alcanzar el mentado aplanamiento de la curva epidemiológica, este proceso no puede detenerse, para estar preparados ante un potencial rebrote.

En suma, ha llegado la hora de la prudencia. El virus sigue ahí y las vidas de muchos dependerán de cuán bien evitemos contagiarnos.