Editorial: Las mil y una explicaciones

El presidente Martín Vizcarra asistirá hoy al Congreso para enfrentar un segundo proceso de vacancia en menos de dos meses. Como se recuerda, el primero giró en torno a sus vínculos con Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, y el contenido de audios filtrados que apuntaban a una manipulación del registro de visitas a Palacio de Gobierno y favores para contratos con el Estado. Entonces, en medio de la controversia por las llamadas del presidente del Congreso, Manuel Merino, a altos mandos de las Fuerzas Armadas, la moción de vacancia alcanzó solo 32 de los 87 votos requeridos para ser aprobada.

Sin desconocer la seriedad de las imputaciones anteriores, en esta segunda ocasión el asunto de fondo que motiva el pedido de vacancia es bastante más grueso. El presidente Vizcarra es acusado de recibir sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua por la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el hospital de la región. Cinco aspirantes a colaboradores eficaces dicen que formaron parte de los entramados de corrupción que supusieron un pago ilegal de S/2,3 millones para el actual mandatario y han aportado pruebas de los hechos.

Parte del Congreso considera que los indicios disponibles son suficientes para vacar al presidente Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, según la causal contemplada en la Constitución. Sin embargo, al cierre de la presente edición, un conteo preliminar de votos potenciales de las distintas bancadas sugiere que el resultado final del proceso volvería a ser favorable para el presidente a falta de pruebas más contundentes.

En vista de las actuales circunstancias y de lo que se conoce hasta ahora, este desenlace sería el más adecuado. El país atraviesa una crisis sanitaria y económica sin precedentes, y está a menos de cinco meses de celebrar elecciones generales. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, forzar un cambio de mando a estas alturas, basado en indicios, pruebas no definitivas, y acusaciones de aspirantes a colaboradores eficaces, sería apresurado e irresponsable. El país requiere estabilidad, y no sería prudente utilizar una salida radical mientras quede un margen razonable de duda sobre la actuación del mandatario, y peor aún si esta salida parece motivada por revanchas políticas.

Ello no quiere decir, por supuesto, que el presidente Vizcarra no se halle en medio de una situación extremadamente complicada. La reciente revelación de los chats entre varios de los implicados –corroborados por peritos de la fiscalía– hace más difícil sostener las explicaciones que ha dado el presidente en las últimas semanas, y queda claro que no puede ya argüir que todo forma parte de un complot en contra de él. El Ministerio Público debe seguir el proceso de indagación iniciado con total independencia, y las demás instancias estatales mantenerse al margen de la discusión. En ese sentido, las recientes declaraciones de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, y de la titular del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, entorpecen el proceso.

Para varios, entre quienes se cuenta este Diario, la confianza en la idoneidad del presidente Vizcarra para liderar el país está seriamente erosionada. Si bien su situación no es –por el momento– insostenible, las acusaciones en su contra se acumulan semana a semana, desde distintos frentes, y cada vez le es más difícil encontrar un hilo conductor que explique adecuadamente las preguntas que van surgiendo. Hoy tendrá la oportunidad de desarrollar estas explicaciones en el hemiciclo. Por la estabilidad del país, esperamos que sean convincentes.