Editorial: Los problemas del ministro González Toro

La semana pasada se desató otra tormenta desde el Ejecutivo con el acta de compromiso firmada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con autoridades y dirigentes de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara para crear una comisión de negociación de términos del cierre de las unidades mineras de las cabeceras de cuenca Apumayo, Breapapa, Pallancata e Inmaculada. Este suceso, asimismo, ha puesto al descubierto dos de los rasgos distintivos de este Gobierno que más alarma producen en la opinión pública.

Por un lado, el de la improvisación, sugerido claramente por la afirmación posterior del viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, acerca de las tres compañías mineras comprendidas en el plan de cierre. Si ellas demuestran que están por presentar o han presentado una solicitud para que las autorizaciones de sus operaciones sean prorrogadas, ha dicho el funcionario, “nosotros en el marco de la ley vamos a cumplir”.

Y por otro, el de la hostilidad hacia la prensa que busca transparentar la forma en que el presidente y sus ministros vienen ejerciendo el poder. En un afán por descifrar precisamente cómo debía resolverse la contradicción entre lo firmado por la jefa del Gabinete y lo afirmado por el viceministro, la prensa abordó ayer al titular de Energía y Minas, Eduardo González Toro, cuando estaba por entrar a una reunión en Palacio de Gobierno.

Caminando a paso rápido, el titular del sector ofreció dar declaraciones a la salida de la cita. Pero, ante la pregunta de si efectivamente conversaría más tarde con los medios, respondió: “Depende del medio”. Para luego especificar que lo haría solamente con los medios “que no le hagan problemas”. Y finalmente, ante el pedido de que identificase tales medios, añadió: “Estoy buscándolos”.

La intervención del ministro González Toro, por espontánea, resulta tremendamente reveladora. Primero, porque da a entender que su eventual disposición a dialogar con los periodistas sobre los asuntos relativos a su sector es, a su juicio, una especie de premio para los que se portan bien y no el cumplimiento de una obligación con la ciudadanía. A saber, la de rendir cuentas ante ella por sus actos de gobierno. Segundo, porque asocia las posibles preguntas incómodas de los hombres de prensa al hecho de “hacerle problemas”. Y tercero, porque insinúa con bastante nitidez que ninguno de los medios que se le han acercado hasta el momento –incluyendo aquellos que lo están entrevistando en ese instante– cumple con ese requisito (por eso “está buscándolos”).

En líneas generales, el ministro transmite una actitud hostil hacia cualquier esfuerzo de fiscalización de la actual administración que no le es exclusiva. Repite, más bien, un síntoma que hemos visto ya en otros representantes del Ejecutivo, empezando por el propio jefe del Estado (que ha rehuido toda entrevista desde el inicio de su mandato) y continuando, por ejemplo, con la vicepresidenta y titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien hace poco exigía de la prensa hacer preguntas “más proactivas”, en lugar de aquellas que “no hacen bien a la sociedad”.

Lo que se registra, pues, es un empeño por no darle respuestas a la prensa sino en aquellos casos en los que se le puede imponer la pauta desde el poder: a todas luces, una pretensión inaceptable.

En lo que concierne concretamente al ministro de Energía y Minas, habría que recordarle además que gobernar consiste en esencia enfrentar los mil problemas que se suscitan día a día en el país. Es decir, si no quería problemas, no tendría que haber aceptado la responsabilidad que le ofrecieron hace poco más de un mes el presidente y la primera ministra. En cualquier caso, lo que realmente debería preocuparlo es la posibilidad de estar creando problemas adicionales a los que ya existen, como el que acaba de provocar al generar la extendida sensación de que quiere cubrir el manejo del sector a su cargo bajo un manto de sombra.