Editorial: Omisiones clamorosas

El debate entre cinco candidatos presidenciales organizado por este Diario e IDEA Internacional, que tuvo lugar este martes, cumplió en varios sentidos con las expectativas que había despertado. Los participantes, en efecto, se detuvieron más en la exposición de sus puntos de vista que en la pulla al adversario; y cuando esta asomó tuvo, en general, ribetes de toma de distancia ideológica o programática antes que de descalificación personal. Y las intervenciones, por otro lado, se ciñeron en todos los casos a las materias que el programa de la discusión planteaba: seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, economía, etc.

Esto último, sin embargo, no supuso que las exposiciones no mostraran vacíos; o más claramente, omisiones. Dos asuntos, en concreto, se hicieron extrañar en los discursos de los aspirantes presidenciales presentes en el debate, a pesar de que la lógica sugería la conveniencia de que los abordasen: el establecimiento de medidas específicas para combatir la corrupción en el Estado y dentro de las organizaciones políticas a las que representan, y la mención de la forma en la que financiarían sus propuestas más ambiciosas. Cada una de esas ausencias merece, por cierto, una reflexión editorial. Pero, a fin de proceder en orden, nos ocuparemos en esta oportunidad exclusivamente de la primera de ellas. Reservamos la segunda para un próximo editorial.

Pues bien, en lo que concierne a la lucha anticorrupción, abundaron en el debate del martes declaraciones voluntaristas y anuncios de resonancias grandilocuentes, pero escasa probabilidad de materializarse.

“La corrupción se combate como yo lo hice en el Congreso, de esa manera, en la lucha solitaria contra los mafiosos”, anotó, por ejemplo, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano. Y más adelante añadió: “Sabemos ponernos bien los pantalones para luchar contra estos corruptos miserables que han saqueado el Estado durante más de 40 años”. Fórmulas que, en honor a la verdad, más que una receta para atacar efectivamente el mal al que aluden, lucen más bien como una exaltación de virtudes personales, presuntas o reales.

George Forsyth (Victoria Nacional), por su lado, habló de su intención de impulsar una “Constitución Anticorrupción”, a través de la inclusión en ella de un capítulo en el que los delitos de corrupción sean declarados “de lesa humanidad” e imprescriptibles, persuadido al parecer de que será suficiente consignar esas dos precisiones en el texto constitucional para que automáticamente la corrupción desaparezca. Insistió también en su afán de establecer en los juicios en los que se ventilen tales delitos jurados ciudadanos (“como en las películas”, según dijo al inicio de su campaña): una idea sobre cuyas escasas posibilidades de ser adaptada a nuestro sistema de justicia ya se han pronunciado los expertos.

Los otros tres participantes –Daniel Urresti (Podemos Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)– ofrecieron, como remedio para la corrupción, transparencia en las compras estatales, fortalecimiento de la contraloría y hasta la creación de un Ministerio de Fomento de Obras Públicas (en el que no se ve por qué no se podrían presentar los mismos problemas de corrupción que en cualquier otro) y poco más. Iniciativas, en realidad, de las que hemos venido escuchando campaña tras campaña, sin que se hayan convertido en mecanismos eficaces para reducir la inmoralidad que campea en todos los niveles de gobierno (local, regional, nacional).

Nada dijo, además, ninguno de los postulantes (a pesar de haber sido interrogados al respecto) sobre los filtros de los partidos por los que se presentan para evitar que se les “cuelen” en las listas parlamentarias personas con sentencias civiles o penales en su haber. De hecho, ellos encabezan proyectos políticos que están pidiendo el voto para 62 aspirantes al Congreso que responden a esa descripción (16 de Acción Popular, 15 de Podemos Perú, 14 de Victoria Nacional, 11 de Fuerza Popular y 6 de Juntos por el Perú). Ante tal falta de capacidad o decisión para atajar esas sombras internas, ¿cómo confiar en lo que se comprometen a hacer si llegan a administrar el Estado? Para saberlo habrá que esperar, al parecer, el próximo debate.