Petro vs. Petro

Mañana se cumple un año desde la toma de mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero a juzgar por la turbulencia, trayectoria y desgaste de su administración, cualquier observador pensaría que el tiempo transcurrido sería mucho mayor.

El escándalo más reciente –y potencialmente el más grave– ha sido la confesión de su hijo Nicolás Petro Burgos respecto de la penetración de financiamiento con procedencia ilegal a la campaña electoral de su padre. El hijo del mandatario, que enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, señaló que abonó a la campaña presidencial más de US$100.000 recibidos de Samuel Santander Lopesierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en el 2003 y libre desde el 2021. Según la fiscalía, Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, un negociante acusado de financiar a grupos paramilitares y planear homicidios, le habría dado otro tanto. Petro Burgos renunció ayer a su posición como diputado en la asamblea del departamento del Atlántico y enfrentará el proceso penal en su contra en libertad, a cambio de su colaboración.

Aunque Nicolás Petro ha sido rápido en exculpar a su padre y al gerente de campaña, Ricardo Roa, alegando que desconocían la procedencia de los fondos, también señaló que él no se iba a inmolar por su papá. El cuestionamiento sobre la limpieza del financiamiento de campaña ha quedado sembrado y el daño es irreparable. La actitud del presidente Petro ha sido tratar de marcar distancia. Como si se tratase de una casual riña familiar y no de un asunto de Estado en el que intereses de narcotraficantes y otros criminales podrían estar influyendo la política al más alto nivel, Gustavo Petro publicó en sus redes sociales que “ojalá algún día pueda hablar con él [su hijo] y perdonarnos”.

No es, por otro lado, la única acusación en este sentido. A inicios de junio, la revista “Semana” publicó audios en los que Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y parte del círculo cercano del presidente Petro, afirmaba que si él hablase de lo que sabía sobre la campaña presidencial, todos podrían ir a prisión. Petro negó también cualquier irregularidad y se distanció de los involucrados, a pesar de que en todos los casos –incluyendo el de su hijo mayor– la responsabilidad política es enteramente suya.

Vale mencionar que ha sido correcta la actitud de Petro de insistir en que las autoridades fiscales y judiciales tienen libertad para actuar conforme a ley, sin presiones desde la presidencia, pero la historia en realidad parece que recién empieza. Para un presidente que se ha paseado por foros globales denostando la “política tradicional” de clientelismo, corrupción, favoritismo y vínculos con actividades ilegales, estas acusaciones desde su propia tienda tienen un sabor particularmente amargo. Su eco, de hecho, es muy similar a lo que precisamente denunciaba Petro con regularidad de otros políticos.

Con apenas un año en el cargo, el mandatario colombiano arrastra una pesada mochila de acusaciones y desorganización interna. Y ahora empieza recién la defensa política y legal, que puede acelerar su desgaste. La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, por ejemplo, inició ya una investigación por el supuesto dinero ilícito en su campaña. Si Petro quiere mantener liderazgo y legitimidad por los siguientes tres años, cuando se vence su mandato, colaborar con las investigaciones y respetar la institucionalidad colombiana es su único camino viable.