Editorial: Un MEF de altura

Los mensajes cargados de autocomplacencia que provienen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son un problema potencial bastante serio. No solo porque una lectura parcial de la economía –con marcado sesgo optimista– puede impedir que se tomen medidas de corrección de forma oportuna, sino porque las posiciones triunfalistas suelen ubicarse a sí mismas tan por encima de quienes ofrecen consejos razonables e independientes que hacen imposible escucharlos.

Esto puede ser parte de lo que viene sucediendo con el Consejo Fiscal (CF), una comisión autónoma y técnica del sector público que vela por la responsabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad de las cuentas del Estado. Si bien está adscrita al MEF, el CF es una entidad liderada por economistas independientes (hoy es presidida por el exministro de Economía Carlos Oliva), y desde el 2013 ha desempeñado un rol importante en el análisis de los gastos e ingresos del Estado.

Esta es, pues, una de las voces que el MEF haría bien en oír. Desde agosto del año pasado el CF viene alertando sobre el sesgo optimista de las proyecciones del ministerio. “El CF recomienda adoptar una actitud prudente que se refleje en las proyecciones a partir del 2022, ya que el rebote económico en [el] 2021 y el repunte en los precios de las materias primas podrían dar una sensación de bonanza económica inexistente”, escribió en tal mes.

Mucho más duro fue con la promulgación de los decretos de urgencia 086-2021 y 100-2021, de finales del año pasado, que incrementaban injustificadamente el gasto corriente del sector público S/5.800 millones más allá de los límites que establecía la Ley de Presupuesto del 2021. Entonces indicó que “es necesario que el MEF demuestre la conveniencia de seguir impulsando la actividad económica en detrimento de las cuentas fiscales y, en la medida de lo posible, hacerlo mediante un debate público”.

El asunto más relevante en esta discusión es que, tras la suspensión de las reglas fiscales a causa de la crisis del COVID-19, estas no han sido restablecidas a pesar de contar ya con un panorama más estable. Esta ausencia de regulación permite mayores niveles de discrecionalidad fiscal para el MEF que fácilmente pueden derivar –sin mayor contrapeso– en irresponsabilidad fiscal. El Poder Ejecutivo y Legislativo son los encargados para acordar los límites y explicar al país cuáles son los compromisos fiscales que se cumplirán en los próximos años, para así evitar estar expuestos a nuevas y súbitas ideas de más bonos, subsidios o gasto corriente del sector público.

El CF puede ayudar a orientar esta labor, pero, para ello, necesita mantener una conformación verdaderamente independiente y técnica, como ha sido hasta ahora. A la fecha, están ocupadas cinco de las siete posiciones disponibles dentro del consejo, con una más por vencerse este año. Tradicionalmente, el MEF escoge a los nuevos miembros con base en una terna presentada por el mismo CF, lo que garantiza continuidad y autonomía. Si bien el MEF no está forzado a elegir a alguien entre los nombres sugeridos, la tradición debería preservarse. Bajo cualquier métrica, el gobierno del presidente Pedro Castillo ya cumplió de lejos su cuota de copamiento de instituciones con personajes poco capacitados.

El Gobierno ha tenido la enorme suerte de encontrar una situación de rebote económico más fuerte de lo esperado y precios de los minerales de exportación muy por encima del promedio de los últimos años. La historia económica juzgará entonces si administró estos recursos adicionales y temporales con responsabilidad –priorizando la reconstrucción de las finanzas públicas luego del golpe del COVID-19–, o si, más bien, siguió progresivamente la ruta de Bolivia, con gastos corrientes que luego –cuando los precios internacionales bajan– derivan en impagables. Y para evitar el segundo desenlace, impulsar reglas de disciplina fiscal y bajar un poco el ruido autocelebratorio para escuchar con humildad consejos externos no caerían nada mal.