Editorial: Una Carta peligrosa

En la volátil coyuntura política actual, los asuntos en debate son más variados que de costumbre. Cambios en la tributación minera, alusiones a una “segunda reforma agraria”, restricciones de importaciones, entre otros temas, han entrado con sorprendente regularidad a la discusión pública desde que Perú Libre apareció liderando los sondeos de la primera vuelta electoral. Su visión disruptiva del escenario político y económico tradicional cambió el foco del debate desde las reformas progresivas planteadas por distintos partidos políticos en lid hacia una revisión radical de los cimientos del sistema peruano.

Entre todos los temas que se han puesto sobre la mesa, por lejos el más peligroso es el eventual llamado a rehacer la Carta Magna a través de una asamblea constituyente. De hecho, en caso Pedro Castillo fuese proclamado presidente de la República, la renovación constitucional es la condición necesaria para llevar a cabo buena parte de las propuestas de Perú Libre, desde la ampliación del rol empresarial del Estado hasta el tratamiento diferenciado para inversiones extranjeras y locales.

El momento para emprender semejante cambio estructural difícilmente podría ser peor. El país apenas empieza a levantar cabeza luego de una devastadora segunda ola de contagios de COVID-19, y el contexto económico sigue resentido tras caídas históricas del producto y del empleo en el 2020. Las encuestas de opinión reflejan con claridad estas prioridades. De acuerdo con Datum, para el 44% de ciudadanos la atención del nuevo gobierno debe estar en mejorar la salud pública, en tanto que, para el 41%, impulsar la economía del país es lo más urgente. Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante una eventual tercera ola, acelerar el cronograma de vacunación y promover la creación de más empleo de calidad son objetivos centrales en el actual contexto. Más que grandes gestas constitucionales que tomarán años en madurar, el capital político del gobierno entrante y la fuerza inmediata del aparato estatal deberán atender la crisis que aún tenemos entre manos.

Pero el sentido de oportunidad no es el único problema. Más allá de lo controversial que sería no pasar por el Congreso para la convocatoria del referéndum –intención que han anticipado representantes de Perú Libre-, reescribir por completo la Constitución equivale a suspender –siquiera momentáneamente– todas las garantías y derechos ciudadanos para ponerlos a consideración de quienes redactarán el nuevo texto. No hay manera, literalmente, de crear más zozobra e incertidumbre que esa. En un país que necesita estabilidad para curar heridas, atraer inversiones y generar empleo, un proceso constituyente tendría exactamente el efecto opuesto. En adición, y dados los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, vale preguntarse seriamente por la competencia legislativa de quienes podrían ser seleccionados para integrar la asamblea.

Los buenos resultados económicos de la actual Constitución son patentes, pero también es cierto que el texto requiere algunos cambios. El sistema de representación política claramente debe ser mejorado, y las relaciones entre los poderes del Estado deben tener un marco que los predisponga más al trabajo conjunto y menos a la confrontación, solo por mencionar un par de reformas significativas. Pero las constituciones tienen mecanismos internos de modificación, y esos deberían ser aprovechados antes de plantear un nuevo texto por completo.

Sin embargo, es en esta línea que debe llamar la atención que quienes impulsan la nueva Constitución han sido poco claros respecto de qué, exactamente, quieren cambiar. En Latinoamérica, los procesos constituyentes han servido en no pocas ocasiones para perpetuar el poder del gobernante de turno, de modo que ser particularmente escéptico de las intenciones de cambio en esta ocasión no estaría de más.