Editorial: Urgente por decreto

A través de dos discursos –uno pronunciado por el presidente Martín Vizcarra y otro, por el primer ministro Vicente Zeballos–, el gobierno anunció ayer su “plan de trabajo” para los siguientes meses. El gesto era reclamado desde diversos sectores, no solo porque es lo que corresponde cada vez que un nuevo Consejo de Ministros entra en funciones, sino también porque, desde que ordenó disolver el Congreso, el jefe del Estado había sido un tanto reacio a responder la pregunta de qué es lo que pensaba hacer ahora que el Ejecutivo no estaba ya sometido a las eventuales cortapisas de una representación nacional “obstruccionista”.

Se entendía, sin embargo, que ese plan de trabajo debía estar referido principalmente a las tareas que tocan de manera específica al Ejecutivo (como, por ejemplo, activar de una vez por todas la reconstrucción en el norte del país, que ya va por su cuarto titular en dos años, o desarrollar reflejos para combatir la situación de inseguridad que se vive en el país y de la que viene dando cuenta la campaña #EstoyAlerta). En lo concerniente a los decretos de urgencia que el interregno parlamentario lo faculta a emitir, en cambio, se suponía que el gobierno se iba a restringir a medidas efectivamente urgentes. Es decir, impostergables por alguna circunstancia distinta a las consideraciones de conveniencia política que el presidente, los ministros o sus asesores pudieran manejar en la coyuntura. Porque, de otra manera, se estaría arrogando sin motivo las funciones que otro poder del Estado por el momento no puede cumplir pero que en solo cuatro meses –una vez elegido el nuevo Parlamento– reasumirá plenamente.

Proceder de esa forma sería indicativo de que el mandatario considera que el Ejecutivo es suficiente para gobernar, y pondría en cuestión su capacidad de limitar la potestad que ejerce. Actitudes que, sin duda, haría bien en evitar.

Desafortunadamente, ayer, el presidente y su primer ministro anunciaron iniciativas como las de revisar aumentar anualmente el monto de las pensiones de los jubilados, disponer que las farmacias privadas cuenten con un stock mínimo de medicamentos genéricos o controlar las concentraciones empresariales que, más allá de los discutiblemente convenientes que puedan resultar, huellan los predios del Legislativo. Y si bien las propuestas de promover un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) en el primer trimestre del próximo año e “institucionalizar” un proceso de evaluación y determinación de esta no pasan por el Congreso, es difícil explicar por qué resultan necesarias en esta tesitura.

La suspicacia que estas apuradas medidas despiertan, además, se ve reforzada por el hecho de que, por su naturaleza, tienen un efecto asegurado en la popularidad del gobierno y del jefe del Estado. En esa misma línea de razonamiento, no parece casual que el presidente decidiera hablar y mencionar algunas de esas iniciativas justo antes del discurso del primer ministro. Un comportamiento que deja la sensación de que no quería perderse la oportunidad de identificar los beneficios políticos de los anuncios con su propia figura.

Llama la atención, adicionalmente, que recién a estas alturas de su administración –vale decir, un año y medio después de haber asumido las riendas del Ejecutivo–, el mandatario resuelva ir adelante con este plan de trabajo. Si se compara la presentación del primer ministro Zeballos con las de sus antecesores César Villanueva y Salvador del Solar, el contraste en materia de iniciativas de envergadura (buenas o malas) es notorio. Y lo lógico en un contexto de interregno parlamentario habría sido lo inverso… salvo que lo que se quisiera aprovechar fuese precisamente la ausencia de contrapeso.

Lo ocurrido con el ahora exministro Jorge Meléndez da una voz de alarma sobre lo que puede suponer un ejercicio del poder sin los balances que la democracia requiere: el presidente hizo el intento de retenerlo en el Gabinete ignorando las denuncias que pesaban en su contra y solo la persistencia de la prensa lo forzó a licenciarlo. De la misma manera, esta aparente despreocupación asoma en los proyectos anunciados ayer. Pues si bien son iniciativas que podrán ser sujetas al control político necesario tras la elección del nuevo Legislativo, el gesto político que el gobierno ha emitido al aprobarlas sugiere que tiene otro tipo de urgencia.