Editorial: Vamos mal

Un nuevo estudio y un nuevo diagnóstico preocupante. El observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos ha divulgado recientemente su décimo informe anual sobre la calidad de vida en Lima y Callao, y los resultados han confirmado con cifras lo que en realidad era fácil de detectar a simple vista: la inseguridad es considerada por una mayoría de limeños y chalacos el más grave de los problemas que los afectan. En el caso de los vecinos de la capital, hablamos de un 82,2% de los encuestados (el año pasado era un 81,1%) y, en el caso de los habitantes de la provincia constitucional, de un 87,8% (el año pasado era un 81,8%).

Si la pregunta se centra, en cambio, en la sensación de inseguridad, un 63,2% de los limeños y un 56,3% de los porteños declaran sentirse así (en el 2018, las cifras eran 57,5% y 46,8%, respectivamente).

Siguen en orden de importancia, siempre según el informe, los incordios relacionados con el transporte público (46,2% y 33,3%) y la corrupción de los funcionarios o servidores públicos (38,6% y 38,3%).

En general, lo que se percibe entonces es una falta de autoridad, porque en esencia es esa carencia la que hace posible que los males ya señalados campeen en los espacios citadinos. Y resulta singularmente preocupante que, a punto de cumplir un año de haberse instalado, los nuevos gobiernos regionales y locales no hayan podido hacer cosa alguna para modificar esa realidad.

Ad portas de celebrarse un proceso electoral, es previsible que las promesas sobre presuntas soluciones a estos problemas menudeen en los discursos de los candidatos. Pero conviene recordar que los comicios de enero son para elegir congresistas y no alcaldes o gobernadores regionales, por lo que el margen de acción de los ganadores con respecto a las calamidades ya mencionadas será bastante acotado.

Ofertas de sacar el Ejército a las calles para reforzar el trabajo de la policía o de incrementar hasta el delirio las penas para determinados delitos estarán sin duda a la orden del día, pero, más allá de la dudosa eficacia que tales medidas podrían tener en la disminución de la inseguridad, habrá que hacerles notar a quienes las lancen que la consecución de tales propósitos no estará en sus manos y que, por lo tanto, están haciendo solo demagogia.

Por su parte, las autoridades regionales y locales, y el mismo Ministerio del Interior –cuya responsabilidad en este campo es particularmente clara–, no parecen estar muy interesadas en marcar sus fueros a este respecto ante la opinión pública. Una omisión que hace temer que, al ser conscientes de su propia incapacidad para enfrentar eficazmente los males ya descritos, prefieran dejar que el espejismo de la incumbencia de los parlamentarios en tales materias se imponga, pues a la larga podría servirles para difuminar las responsabilidades de la inacción.

Los problemas que aquejan a la ciudadanía tienen que dejar de ser un pretexto para cosechar votos en las temporadas electorales de cualquier naturaleza y empezar a convertirse en una agenda seria para quienes aspiren a gobernar Lima o el Callao. Porque lo que definitivamente no puede ocurrir es que, dentro de un año, un nuevo informe del ya mencionado observatorio nos revele que la situación de la inseguridad y el transporte en esos dos ámbitos urbanos sigue intacta o, peor aún, ha seguido deteriorándose.

La respuesta a la pregunta expresada en el nombre de la institución que levanta el informe que comentamos es claramente: vamos mal. La experiencia enseña, sin embargo, que las cosas podrían empeorar.

La cuestión a resolver, en consecuencia, es si por fin habremos llegado a un punto de inflexión a partir del cual las autoridades competentes comiencen a manifestarse y nos permitan decir a fines del 2020 que vamos mejor. O si en el futuro cercano solo asistiremos a un enésimo manoseo de los perennes padecimientos de limeños y chalacos que, a la vuelta de 365 días, se revelarán más vigorosos y agobiantes que antes.