El 58% de la población votante del Perú se siente pesimista ante el próximo gobierno: el panorama a menos de dos semanas de las elecciones

Luego de un año y medio de investigación y la elaboración de cinco observatorios sobre el crimen y la violencia, el Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social, presentaron el informe titulado “Propuestas contra la inseguridad ciudadana”. Se trata de un documento que busca aportar insumos técnicos al debate electoral en materia de seguridad ciudadana, dirigidos a quienes aspiran a gobernar. El Comercio estuvo presente en el lanzamiento y también conversó con los ponentes sobre el proceso.

En diálogo con este Diario, el gerente general de Capital Humano y Social S.A. y exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, declaró que la metodología utilizada fue variada. “Lo primero que tenemos como soporte es el apoyo de Ipsos. Usualmente se encuesta a un promedio de 1.200 personas por reporte, con un margen de error de ±2,8%. Adicionalmente, contamos con un sistema en el que vamos contabilizando casos de todas las regiones y los cruzamos con el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). A su vez, también tenemos como fuentes de información diversas entrevistas que realizamos a profesionales de distintos sectores”, explicó.

Contexto

Estas propuestas surgen en un contexto en el que el sentimiento general de la población respecto al próximo gobierno y las medidas que adopte para combatir la inseguridad es marcadamente negativo. Los indicadores de “algo pesimista” (30%) y “bastante pesimista” (28%) suman el 58% de la población adulta votante del Perú. Mientras tanto, solo un 5% se considera bastante optimista y un 31% algo optimista, lo que en conjunto representa el 36%. Un 6% no precisa.

Además, respecto a qué acciones debe priorizar el siguiente gobierno para enfrentar la inseguridad, los encuestados destacaron por encima de las demás la de “combatir el crimen organizado y las economías ilegales”, mencionada por el 54% a nivel nacional, con mayor énfasis en la zona urbana (55%) que en la rural (50%).

En relación con el panorama del país en comparación con otros de la región, el investigador en temas de seguridad y economías criminales y exministro del Interior, Carlos Basombrío, comentó que, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado 2025 —con sede en Ginebra y que analiza la situación en 196 países—, Colombia ocupa el segundo puesto a nivel mundial, seguido de México en el tercer lugar, y Ecuador y Paraguay en el cuarto. En el otro extremo se encuentra Bolivia, en la posición 94, lo que tampoco es motivo de celebración, pues 102 países registran una mejor situación.

Sin embargo, el caso de Perú es aún más crítico, pues el país se sitúa en el puesto 31, lo que implica que 165 países presentan un mejor panorama en términos de crimen organizado.

Basombrío dijo a El Comercio que “hace una década había departamentos en el país donde no existía la extorsión. Todo empezó con casos de extorsión y sicariato en La Libertad; luego se fue extendiendo hacia el norte y después hacia el sur. Así, sucesivamente, se ha ido incrementando. Poco a poco creció hacia otras regiones del país hasta llegar a la situación actual. Hubo una sucesión de errores. Por ejemplo, los estados de emergencia, que son herramientas útiles solo para ciertos momentos, terminaron convirtiéndose en toda una estrategia, cuando no lo son”.

¿Cuáles son las propuestas?

Como primer eje de las propuestas, el informe aborda el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de otros operadores de justicia. En ese sentido, se plantea, en primer lugar, una mayor presencia territorial de la PNP. “Hay un vacío estatal en territorios dominados por la criminalidad y las economías ilegales. No solo se trata de incrementar efectivos, sino también de garantizar un despliegue estratégico en territorios críticos”, se lee.

Asimismo, se destaca la importancia de contar con mejor equipamiento y recursos. “Existen limitaciones operativas para enfrentar el crimen organizado. Hay serias brechas en la asignación de vehículos, por ejemplo, que puedan circular en zonas donde la criminalidad se asienta. Se requiere un mayor fortalecimiento logístico en la policía, que incluye, entre otros, vehículos, tecnología, infraestructura y recursos especializados, como condición necesaria para que la presencia territorial y la inteligencia policial sean efectivas y sostenibles”, se explica en el documento.

“Es imprescindible también el uso de analítica de datos para predecir o anticiparse a los delitos. Las respuestas policiales no solo se limitan a la reacción ante el delito consumado, sino que también se orientan a la anticipación estratégica mediante un análisis sistemático de información y la detección de patrones criminales. Recordemos que la Ley 31814 también habilita el uso de la inteligencia artificial en seguridad pública, siempre bajo control humano y con mecanismos que eviten la filtración de información sensible”, agregó Ricardo Valdés.

Otro de los puntos que también se menciona en el informe es el fortalecimiento de la articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ). “Las descoordinaciones entre los operadores de justicia afectan la eficacia en la desarticulación del crimen organizado. En cambio, la coordinación efectiva entre estas instituciones es clave para asegurar que las intervenciones policiales se traduzcan en procesos judiciales sólidos y sanciones efectivas”, se resalta en el informe.

Para enfrentar las extorsiones, también se abordó la posibilidad de tercerizar el control de ingreso y salida en los penales. “No debe continuar en manos del INPE, pues sus funcionarios suelen ser objeto de corrupción o extorsión por parte de los internos. Se recomienda tercerizar este control con el sector privado y aplicar alta tecnología para impedir el ingreso de celulares, radios, chips, armas, drogas, entre otros”, se lee.

En cuanto al uso de tecnología avanzada, se destacó la necesidad de desarrollar sistemas integrados de monitoreo como parte de la modernización tecnológica del Estado. En ese sentido, se mencionaron los sistemas C5, concebidos como plataformas integradas de monitoreo, análisis y coordinación operativa en tiempo real. Se trata de una medida que requiere proyectos de inversión pública e involucra, por ejemplo, vehículos con GPS, grilletes electrónicos conectados a cámaras de serenazgo, así como la adquisición obligatoria de chips de rastreo para motocicletas en casos de robo, entre otros.

En relación con la lucha contra el narcotráfico, el informe plantea un mayor impulso para desarticular organizaciones delictivas. “Es ampliamente conocido el rol que juega el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en asociación con el Militarizado Partido Comunista del Perú (ex Sendero Luminoso), en la producción y comercialización de cocaína para la exportación. Sin embargo, aún no se ha logrado acabar ni con los remanentes subversivos ni con el narcotráfico. El enfoque debe ser estructural y no solo reactivo, lo que implica realizar investigación criminal sobre redes completas y no sobre actores aislados. Esto supone intervenir estructuras de producción, transporte, financiamiento y distribución, más allá de la captura de operadores individuales”, se expone en el análisis.

Finalmente, en cuanto a la lucha contra la trata de personas, se propuso ejecutar la Política Nacional contra la Trata de Personas y otras Formas de Explotación. Este instrumento multisectorial del Estado peruano busca prevenir, perseguir y sancionar este delito, tipificado en los artículos 129-A y 129-B del Código Penal. Sin embargo, esta política ha estado desfinanciada a lo largo de los años, por lo que resulta urgente implementar un programa que permita asignar partidas presupuestales específicas para cada servicio requerido. De lo contrario, no se contará con los recursos necesarios para enfrentar eficazmente este delito.