De un tiempo a esta parte, la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Prácticamente todos los sondeos recientes que han recogido las inquietudes de la ciudadanía la ubican, con claridad, en el primer lugar y, según un estudio realizado por Datum Internacional para El Comercio el último noviembre, nada menos que el 43% de los encuestados aseguró haber tenido una experiencia cercana –ya sea en primera persona o a través de algún familiar– con un delito en los tres meses previos.
En la misma encuesta, además, el 78% de consultados considera que el Gobierno “no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el país”, una afirmación bastante contundente y, a decir verdad, con la que resulta muy difícil de discrepar. Y es que, desde que llegó al poder, la administración de Dina Boluarte ha optado por priorizar los estados de emergencia en su lucha contra la delincuencia, una medida que desde el inicio estaba destinada al fracaso –como tantos expertos alertaron– y que para el 94% de la población no ha funcionado.
En el Gobierno, sin embargo, se mostraron como férreos defensores de las declaraciones de emergencia desde el principio. Y siguieron defendiéndolas aun cuando ya era evidente que no habían evitado que delitos como la extorsión o los asesinatos por encargo siguieran ocurriendo en las zonas intervenidas. Recordemos que, en octubre pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró en entrevista con este Diario que en los distritos declarados en emergencia “ha disminuido la delincuencia en un 18%”, una aseveración para la que, no obstante, no mostró evidencia alguna.
Ahora, curiosamente, el Ejecutivo ha aceptado que los estados de emergencia han fracasado, y han utilizado este fiasco como una de las razones para remover al que hasta el lunes era el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo. Pero, en la medida en que los estados de emergencia fueron una política decretada y defendida por este gobierno, incluso desde la propia presidenta Dina Boluarte, resulta incongruente –por decir lo menos– que su fracaso desemboque hoy en nada menos que el recambio de la cabeza de la PNP y no haya tenido ninguna repercusión en el Ejecutivo. Cuando lo más consecuente sería haber cambiado también al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, y evaluar la continuidad del señor Otárola, un convencido de la efectividad de una medida que era equivocada desde su concepción.
Cabe la posibilidad, asimismo, de que el pase al retiro de Angulo haya estado motivado por la agresión que sufrió el fin de semana la presidenta Dina Boluarte. Pero si ese fuera el caso, tampoco tendría sentido que se haya cambiado al comandante general de la PNP y no se haya tocado, por el contrario, al jefe de la Casa Militar, cuando es esta la que se encarga de todo lo concerniente a la seguridad de los jefes del Estado y de sus familias, según el Manual de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.
Sea como fuere, el Gobierno tiene que ser transparente respecto del cambio del comandante general de la PNP; esta no es una nimiedad. Por un lado, porque varios congresistas ya han objetado la legalidad del recambio (el legislador Roberto Chiabra la ha calificado de un “abuso de autoridad”) y, por el otro, porque la ciudadanía lo merece, más aún en un contexto en el que la delincuencia campea y cuando justamente es el cambio frecuente de las cabezas de las instituciones encargadas de perseguir el delito lo que dificulta hacerle frente.
Los peruanos merecemos claridad de parte de nuestras autoridades, más aún en un sector crítico como el de Interior, y no excusas que resultan francamente inverosímiles para cualquiera.
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