En distintas ocasiones, el Ejecutivo y el Congreso han señalado que se toman muy en serio el avance de la minería ilegal. Instalan mesas de trabajo, designan funcionarios especializados, declaran a la prensa, y en general se esfuerzan por hacer notar que, cuando se trata de minería ilegal, no están pintados en la pared.
Sin embargo, al momento de tomar medidas concretas para cerrar los espacios grises en los que opera la actividad, la mano es menos firme. Fuera de la exclusión de cerca de 50 mil inscripciones en el Reinfo en julio pasado, las iniciativas concretas han sido débiles. Incluso esta exclusión se ha puesto ahora en suspenso en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Una de las medidas más evidentes de la falta de prioridad al tema está en la asignación de presupuesto. De acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el presupuesto público destinado al programa de Formalización Minera de la MAPE, a cargo del Minem, fue de apenas S/25 millones anuales en promedio durante los últimos diez años. En otras palabras, dados los exorbitantes montos que vendería la minería ilegal este año, le bastaría apenas seis horas de operación en el año para producir los mismos S/25 millones y compensar lo que haga el Minem, pero hacia el otro lado. Más aún, según el proyecto de ley del Presupuesto Público del 2026, este programa recibiría solo S/14 millones, 60% menos que en el 2019, en términos reales.
Si en serio lo quisiera hacer, la segunda manera evidente en que el Estado debería luchar contra la minería ilegal sería cerrando la carta blanca a sus operaciones en que se ha convertido el Reinfo. El mismo informe del IPE da cuenta de 13 mil Reinfo en áreas naturales, zonas arqueológicas y otros espacios restringidos. El número de empresas exportadoras de oro, parte integral de la cadena del blanqueo del Reinfo, pasó de 34 a más de 1.250 entre el 2005 y el 2025. Por donde se mire, el problema ha explotado, y el permiso que ha facilitado esto está bien identificado.
En otras palabras, si realmente el Gobierno y el Congreso quisieran atender el asunto, la ruta no es desconocida. La pregunta es si realmente lo quieren enfrentar.
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