La última vez que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte estuvo contra las cuerdas –cuando no se podía descartar una vacancia presidencial debido a las violentas protestas de inicios del 2023 y a la respuesta de las fuerzas del orden– habían trascurrido apenas pocas semanas desde su toma de mando. Unos 14 meses después, cuando su situación se vuelve a complicar, la mandataria deja en evidencia que sobre manejo de crisis aprendió muy poco.
La noche del viernes pasado, representantes del Ministerio Público y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron la vivienda de la presidenta en Surquillo. Horas más tarde, continuaron las diligencias en Palacio de Gobierno. El juez Juan Carlos Checkley había autorizado la intervención como parte de la investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. La búsqueda física de los relojes de alta gama que ella ha exhibido en público y que no se condicen con sus ingresos había empezado.
La presidenta bien podría haberse ahorrado el papelón. Si, como dice, los relojes de alta gama que motivaron la medida han sido “fruto de su esfuerzo”, no debería haber tenido mayores problemas en aclarar su procedencia a la ciudadanía y a la fiscalía. Sin embargo, a la ciudadanía, dijo, no le iba a explicar nada (“es un tema personal”, apuntó); solo declararía ante la fiscalía. Y, cuando fue el turno de presentarse al Ministerio Público, la mandataria evadió a los fiscales. A pesar de los requerimientos, se rehusó a mostrar los relojes y a presentarse para dar explicaciones. A través de su abogado, arguyó una “recargada agenda”, pero se ausentó también a los eventos que tenía programados en Cajamarca y Trujillo. Para la fiscalía, ello es un “claro indicador de rebeldía” frente a su autoridad y, si bien la forma como se llevó a cabo el allanamiento (rompiendo la puerta del domicilio de la jefa del Estado en plena noche) puede ser cuestionable, en esta apreciación no les falta razón a los magistrados.
Pero los relojes podrían ser tan solo la primera parte de una trama mucho más seria. Como destapó este Diario, la presidenta tiene todavía pendiente explicar los depósitos por S/1,1 millones hallados por la UIF en cuentas bancarias a su nombre y mancomunadas. Sobre este tema, El Comercio envió un cuestionario a la Oficina de Prensa de Palacio que Boluarte no ha querido responder hasta ahora. En lugar de eso, ayer nos acusó de dar información “tendenciosa y falsa” y señaló que se trata de cuentas del Club Departamental Apurímac (CDA), de donde ella era directiva.
Desde este espacio rechazamos estas imputaciones y la invitamos a leer la segunda parte del informe que publicamos en esta edición. Además, lo que dijo resulta, por decir lo menos, extraño. En primer lugar, porque ninguna entidad jurídica, como un club departamental, puede manejar sus finanzas a través de las cuentas personales de sus autoridades. La presidenta incluso aludió a que este arreglo financiero se hizo “por acuerdo del consejo directivo y en cumplimiento de su estatuto y reglamento interno”, lo que sería absolutamente irregular. Y, en segundo lugar, porque los ingresos declarados por el CDA ante las autoridades son órdenes de magnitud menores que los montos hallados en posesión de Boluarte. Esta ruta de pesquisas podría llevar a investigaciones por delitos como defraudación tributaria, o incluso algunos más graves como lavado de activos.
La presidenta está siguiendo una ruta peligrosa atacando a la prensa y con un absurdo discurso de victimización. Mientras más tiempo deje transcurrir en esta incertidumbre sobre sus finanzas, mayor fuerza cobrará la única explicación posible que restaría: que hay manchas en su pasado que simplemente no se pueden limpiar.
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