Muertes sin freno

Hace dos días, un nuevo accidente de consecuencias fatales ha puesto por enésima vez en evidencia la incuria de nuestras autoridades de todo nivel frente a la situación de irresponsabilidad y muerte que campea en las pistas del país. La madrugada del domingo, en La Oroya (Junín), un bus interprovincial chocó con un tren, con un saldo de cuatro personas fallecidas y más de 40 heridos. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía Nacional del Perú, el chofer del bus trató temerariamente de sobrepasar al tren, sin éxito. Agustín Antonio Ramos Yale, que figuraba como copiloto en el manifiesto de la empresa Apocalipsis, ha asumido la culpa de la mala maniobra, pero eso no exime ni a la firma ni a las instancias oficiales que deben velar por la seguridad en las carreteras de su responsabilidad.

Ramos Yale registra una papeleta pendiente de pago desde diciembre del 2019 por circular contra el tráfico, y Leonel Párraga Velásquez, el conductor principal del vehículo, una por manejar a excesiva velocidad y pendiente de pago desde el 2022. La empresa para la que trabajan, sin embargo, les confió la tarea de trasladar a 49 pasajeros hasta Huancayo, con los resultados que conocemos. Lo que indica que no basta con que las unidades asignadas a esa función cuenten con SOAT y revisión técnica vigentes. Cuidar el récord de quienes se pondrán frente al timón de ellas en cada ocasión y dejar de lado a los choferes que han demostrado negligencia al manejar es también esencial.

Como decíamos, sin embargo, este terrible suceso no hace sino confirmar las cifras que ya conocemos sobre la sangre que mancha cotidianamente las vías de comunicación capitalinas y regionales. Ayer, este Diario informó que, en lo que va del año y solo en Lima, se han producido 163 accidentes que ocasionaron la muerte de 170 personas. Es decir, en promedio, ocho personas mueren semanalmente en la ciudad por esta razón. La mayoría de ellas, por atropellos, pero los choques y los vuelcos cobran también periódicamente un número importante de víctimas mortales. Una proyección simple sugiere, además, que, si esta situación continúa, en Lima el 2024 superará al 2023 en lo que a siniestros de tránsito se refiere. Y el año pasado estos sumaron 455…

Si echamos una mirada al panorama a escala nacional, por otra parte, el cuadro no mejora: en estos cinco meses, se han producido en el país 822 accidentes de tránsito, con un saldo de 970 muertos. No obstante, en el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos regionales y locales, nadie parece preocuparse demasiado por ello. Por el contrario, en el Congreso, por ejemplo, abundan las iniciativas para promover la actividad de los llamados taxis colectivos, manejados sistemáticamente por individuos que, cuando son intervenidos por alguna razón, revelan tener a su nombre una auténtica pila de papeletas sin saldar.

¿Quién es responsable de que la imposición de esas sanciones nunca se haga efectiva? Aparentemente, el gran bonetón, pues el peloteo entre autoridades en esta materia es pasmoso. El Comercio realiza desde hace años diversas campañas destinadas a llamar la atención de los ciudadanos y las autoridades sobre los problemas que existen en el terreno de la seguridad vial, pero, en lo que a estas últimas concierne, no se detecta reacción digna de mencionar.

No es frecuente tampoco que la materia aparezca en los planes de gobierno de quienes aspiran a alcanzar un cargo de elección popular en los distintos comicios que se celebran entre nosotros. Pero quizás estas muertes sin freno hagan cambiar pronto esa circunstancia. Desde estas páginas, por lo menos, seguiremos insistiendo en la necesidad de generar conciencia al respecto. Ningún país que aspire al desarrollo debería contemplar pasivo cómo sus ciudadanos mueren en sus carreteras y pistas por tragedias que se habrían evitado si las autoridades hubiesen cumplido con su labor fiscalizadora.