Mareas negras y mareas grises, por Carlos Basombrío Iglesias

Hace seis meses había razones justificadas para temer que las propuestas de campaña se cumplieran. Como es ampliamente conocido, todas las organizaciones políticas que conforman o rondan al Gobierno quieren una asamblea constituyente y la mayoría ha hecho explícita su admiración por Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Desde hace un par de meses, los menguados entusiastas con el Gobierno comienzan a decir “no ven, no pasó lo que ustedes decían que iba a pasar”. El pequeño detalle es que no pasó porque leyeron pésimo la realidad y el supuesto “momento constituyente” no existía. La gente está buscando soluciones concretas a sus problemas cotidianos y no un papel en el que se decrete que sus vidas serán mejores.

A eso, súmele que la falta de liderazgo, la incapacidad para tomar decisiones oportunas, los indicios graves de corrupción y la incapacidad para convocar a personas idóneas son de tal envergadura que han generado un tempranísimo desgaste que aleja, aun más, la posibilidad de que ello ocurra. Más de un mes tratando de rearmar un Gabinete que se cae a pedazos sin poder lograrlo resume bien la capacidad para hacer cambios que el presidente Pedro Castillo tiene.

¿Qué caracteriza, entonces, al momento político que estamos viviendo? Dos artículos publicados este mes en El Comercio nos dan luces sobre el fenómeno que se está configurando.

En el primero, del pasado 4 de enero, Alfredo Thorne sostuvo: “buscamos interpretar a los políticos con base en sus propios discursos y no en sus decisiones. Si seguimos a Castillo de esta última forma, podríamos definirlo como el primer presidente de la informalidad. Las señales las ofrece cada semana”. Y pone varios ejemplos, entre ellos, el sabotaje a la prueba de los maestros y los compromisos del MTC con los colectiveros informales. Agrega que “existe hoy una suerte de alianza entre los dos extremos, de izquierda y derecha, para apoyar la informalidad”.

Fernando Vivas empieza su texto del 8 de enero señalando que “la contrarreforma del transporte avanza como colectivo, a bocinazos, abriendo y cerrando puertas al vuelo. Es tan obvia que delata que algo más grande se cocina además del traslado caótico de la gente: que el Legislativo y el Ejecutivo aprendieron a ponerse de acuerdo para flexibilizar normas a pedido de clientes informales y, también, ilegales”. Y concluye: “el pacto informal entre los poderes peleones no es un pacto con el pueblo, es solo con algunos grupos que reclaman prerrogativas ante la ley y ante reformas indispensables. Es un pacto, en algunos casos, para dar pasos atrás y expedir indulgencias a emprendedores que no las merecen; en otros, solo busca mantener la inercia, el statu quo informal”.

No es novedad que la mayoría de los Congresos recientes hayan sido un freno a los esfuerzos de los gobiernos para crear algún nivel de institucionalidad que vaya haciendo retroceder la informalidad. Lo nuevo es que, empezando por el propio presidente, haya una identificación con una informalidad que, muchas veces, esconde a la ilegalidad.

Es verdad que incluso en los países desarrollados con estados fuertes hay ámbitos de informalidad y que estos son un campo fértil para actividades ilegales. El problema es que acá la informalidad llega casi al 80% y que, por lo tanto, esos espacios de encuentro son mucho más grandes y peligrosos; y, de alguna manera, terminan siendo culturalmente hegemónicos. Así, en muchas partes del país, lo marginal es la formalidad y el cumplimiento de las normas.

En la dinámica urbana, la superposición entre ambas se expresa, por ejemplo, en la extorsión de negocios informales que, al serlo, tienen mucho menos posibilidades de resistir. También, cuando el terreno para la vivienda es obtenido en base a invasiones promovidas por el crimen organizado y estos los siguen expoliando a cambio de lo conseguido.

En la dinámica de las economías ilegales en el ámbito rural, lo más retador es aquella minería que ya está en todas las regiones y que actúa completamente por fuera de las normas. A ella, con responsabilidad compartida con el Congreso, se le ha dado una nueva ampliación hasta el 2024 para que siga haciendo lo que quiera. Ello, pese a que en muchos casos está asociada a las peores formas de explotación laboral, a la trata de personas y a la destrucción irremediable del entorno.

Otro grave retroceso se ha producido en el ámbito del control de la coca ilegal. La ideología predominante en el Gobierno es la de no erradicar el cultivo, salvo en áreas naturales protegidas y en fronteras. Ergo, no tocarán los principales clústeres de producción que van en su totalidad al narcotráfico. Las consecuencias se sentirán hacia fines de este año.

Hoy, que la marea negra del delito se expande casi sin control, enfrentarlo con éxito se hace mucho más difícil dado que las mareas grises de la informalidad son enormes. Esta dificultosa lucha ha tenido, en los sucesivos gobiernos del siglo XXI, tímidas fuentes de contención y algunos pocos logros.

En cambio, el Gobierno de Castillo, informalmente, sin un plan preconcebido para ello, pero como consecuencia de retrocesos normativos y tolerancias inaceptables, nos empuja más bien hacia un país en el que la ley de la selva se convierte en la Constitución de facto.