La obsesión que tienen muchos con que Petro-Perú asuma más responsabilidades de las que le permite su capacidad es inentendible. Esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que le permitiría a la petrolera saltarse los límites de subsidiariedad que le impone la Constitución a la actividad empresarial del Estado –que debe solo llenar vacíos dejados por la actividad privada– y operar lotes petroleros sin necesidad de tener un socio privado.
Los argumentos de la congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, para defender la aprobación del proyecto pese a su inconstitucionalidad fueron que “el Perú ya tiene que realizar su propio desarrollo” y que “nuestros recursos no los tenemos para el país”; argumentos similares a los usados en el gobierno de Pedro Castillo para promover la nacionalización de los recursos energéticos y mineros.
El efecto concreto de que se apruebe esta iniciativa es que se dejaría abierta la puerta para que Petro-Perú asuma, sin ninguna licitación de por medio, la operación de los lotes petroleros en Talara, cuyos contratos están a punto de vencer este año. Este objetivo es compartido por la propia presidenta de Perú-Petro, Isabel Tafur, quien luego ha tenido que reconocer que aún no puede hacerlo porque a la petrolera estatal “le faltan algunos requisitos que con el tiempo irá adquiriendo”.
En lugar de evaluar por qué el sector se ha vuelto menos atractivo para los inversionistas privados y tomar acciones para que se firmen nuevos contratos con el fin de incrementar la producción local de hidrocarburos, Perú-Petro prefiere sumarse a las voces que buscan la integración vertical de Petro-Perú y que arriesgue el dinero de todos los peruanos en operaciones de exploración y explotación petrolera cuando ni siquiera puede realizar satisfactoriamente las actividades a las que se dedica en la actualidad.
Y digo dinero de todos los peruanos porque el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se vio obligado a transferirle US$1.000 millones y prestarle US$750 millones para evitar su colapso financiero, debido al pésimo manejo que sufrió la petrolera estatal bajo la administración nombrada por Perú Libre.
Aún con esta ayuda, Petro-Perú cerró el 2022 con un déficit de US$278 millones y en el 2023 espera perder US$174 millones. Es más, Fitch Ratings ha advertido que, si el inicio de operación de la refinería de Talara se posterga más allá del tercer trimestre, el MEF tendrá que hacerle nuevas transferencias para mantenerla a flote.
¿Dónde se ha visto que cuando un barco se está hundiendo se aumente su carga? Eso es lo que precisamente se está intentando hacer con Petro-Perú. Y esto, a su vez, reducirá aún más el interés de actores privados en el sector hidrocarburífero peruano, dado que el proyecto de ley permitiría a la petrolera estatal seleccionar los lotes que le provoque operar y negociar directamente con Perú-Petro para operarlos.
Si hay algo que hacer con Petro-Perú es concentrarse en su reestructuración y lograr que flote por sí sola. Aumentar su carga en este momento va en el camino opuesto.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Latinoamérica
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/7GRKXNHGH5GSJP5VGYD7RNEMLI.jpg)
