El carnaval de la crisis del agua

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” es seguramente una frase con la que todos los arequipeños nos hemos podido identificar esta semana. Y es que Sedapar, la empresa prestadora de servicio (EPS) de agua potable de Arequipa, interrumpió sin previo aviso el suministro al 80% de la población de la ciudad por tres días. La incertidumbre por la crisis y la histeria social por el desabastecimiento que se generaron nos recuerdan que la problemática del agua en el Perú sigue aún vigente y amerita urgente atención.

Según Servir (2021), el Perú posee un promedio de agua que le permite ser denominado “privilegiado” entre los 20 países del mundo con mayor cantidad del recurso hídrico. Sin embargo, en los últimos diez años, los esfuerzos por universalizar el acceso al agua en nuestro país han sido insuficientes. Más de tres millones de peruanos no tienen acceso a una red pública de agua potable (Sunass, 2023) y tan solo cinco de cada diez cuentan con agua gestionada de manera segura (Banco Mundial, 2021). Esta paradoja denota que el problema del agua en nuestro país es un desafío de gestión, un carnaval dentro de nuestra diversidad.

Existe cierto consenso sobre las opciones de política para cerrar las brechas de agua. Una gran parte apunta a aumentar la inversión en infraestructura y lograr más rentabilidad en las EPS. No obstante, la crisis en Arequipa nos ha enseñado que la práctica de una cultura preventiva en la gestión del agua y la humanización del usuario deberían ser primordiales.

El derecho al agua es un derecho progresivo, pero ¿hasta qué punto se puede privar de este servicio básico a un ser humano? Ojalá no sea tarde cuando aprendamos la lección de que de nada sirve contar con inmensas reservas de agua si no vamos a garantizar un servicio accesible, eficiente, sostenible y resiliente para todos los peruanos.