En lo que va del 2025, más de 500 homicidios han sido registrados por el Sistema de Información de Defunciones, todos perpetrados por la delincuencia, extorsiones, sicariato y crimen organizado.
Estas cifras reciben al nuevo ministro del Interior, actor clave en la seguridad ciudadana, quien promete mejoras en medio de litros de sangre derramada, su propio pasado cuestionable y los rezagos de una gestión fallida.
Las acciones del Estado continúan insuficientes. La declaración de estado de emergencia nos sorprendió la semana pasada. ¿El resultado? En menos de 48 horas, el crimen organizado cobró al menos 15 vidas en Lima, el Callao y alrededores.
Ergo, la reacción es tardía. Tardía para un gobierno que se inició con más de 40 muertos por represión; con una mandataria que hace todo menos responder por las diversas investigaciones en su contra; y con órganos estatales que, protegidos por la presidencia, promulgan leyes que terminan favoreciendo a la delincuencia.
¿Era necesario llegar a que muera un taxista a manos de un sicariato ‘erróneo’ y dejara a dos menores en orfandad? ¿O que los escolares teman ir a sus colegios –o incluso que estos cierren– porque los amenazaban si no pagaban cupo?
En lugar de militarizar malecones, el Estado debería apostar por fortalecer la inteligencia y las capacidades de las fuerzas del orden. Esto podría funcionar si se llevan a cabo operativos policiales eficientes y éticos, priorizando al ciudadano sin confraternizar con presuntos delincuentes.
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