
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 10 millones 163 mil 408 soles, cometidos durante la realización del expediente técnico y en la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios de la salud en el hospital de Tocache, ubicado en la región San Martín.
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 10 millones 163 mil 408 soles, cometidos durante la realización del expediente técnico y en la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios de la salud en el hospital de Tocache, ubicado en la región San Martín.
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Para la elaboración de este expediente técnico y ejecución de la referida obra, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) suscribió el contrato respectivo el pasado 24 de octubre de 2013, por un valor de S/ 93 millones 588 mil 264,67 soles y en un plazo de ejecución de 720 días calendario, de los cuales 150 eran para elaborar el expediente técnico de la obra.
Por el momento, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y administrativa para 19 funcionarios del PEHCBM. De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 10394-2020-CG/MPROY-AC estas personas habrían suscrito adendas (complementos añadidos) sin sustento al contrato del proyecto.
En ese sentido, se habría vulnerado el sistema de contratación a suma alzada y originado un incremento en el costo de la obra por aspectos exigibles al contratista.
Irregularidades
Otra de las presuntas irregularidades encontradas, es que se suscribieron dos versiones de la adenda N° 4 al contrato en fechas diferentes, y otorgaron períodos distintos para la entrega del cuarto informe (entregable) del expediente técnico.
Estos hechos propiciaron un mayor pago (S/5.840.484) al contratista por ejecutar labores exigibles que estaban dentro de las condiciones originalmente contratadas, así como la inaplicación de penalidades por la demora injustificada en la elaboración del expediente técnico (S/146.041.95); dando un total de S/5.986.526 con IGV.
Además, el PEHCBM permitió el inicio de recepción de la obra sin haber concluido su ejecución, y que las pruebas de equipamiento médico y la meta de capacitación, que era responsabilidad del contratista, no se realicen conforme a expediente técnico aprobado.
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La comisión auditora detectó que la entidad también permitió la reducción del equipamiento médico e informático sin contar con un sustento técnico ni legal; y se modificaron las condiciones técnicas de adquisición de equipos, lo que permitió su recepción con una fecha de fabricación mayor a lo previsto en el expediente técnico aprobado. Esta situación afectó la vigencia tecnológica de los equipos, el vencimiento de registros sanitarios y la calidad del servicio ofertado.
Estas situaciones generaron un perjuicio económico por S/4.176.882,31 en contra del Estado y la afectación de la calidad del servicio ofertado como establecimiento de salud estratégico.

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