Siete de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego: ¿cómo se armó la violencia en el Perú?

La semana inició cargada de reportes de crímenes. La madrugada del lunes, en Los Olivos, Pedro Vega dormía dentro de su vehículo, estacionado en el sector Primero de Pro, cuando un grupo de criminales rompió las lunas de la unidad, lo asesinó y luego le prendió fuego. El ataque, atribuido preliminarmente a extorsionadores, quedó registrado en video.

Esa misma madrugada, en Comas, Angelo Reyes fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta mientras permanecía dentro de su mototaxi junto a otras dos personas. Los sicarios dispararon hasta en 12 ocasiones. Reyes fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, donde se certificó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Horas después, Marco Antonio Vílchez Arapa, animador e integrante de Los Reales de la Cumbia, fue asesinado con más de diez disparos en los exteriores de un bar de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima. En San Juan de Lurigancho, otros dos jóvenes murieron tras ser atacados a balazos mientras intentaban remolcar un vehículo en Canto Chico.

Los ataques continuaron durante el día. Cerca de las 10:00 p.m., dos sujetos atacaron a balazos un bus de la empresa Machu Picchu en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, dejando gravemente heridos al conductor y a una pasajera. En La Perla, un chofer y una cobradora también resultaron heridos durante un ataque armado contra una unidad de transporte público. En Mi Perú, un joven mototaxista fue asesinado y, en el sector de Dulanto, otro joven murió acribillado cerca de su vivienda.

En paralelo a estos casos, los registros muestran una variación en la proporción de homicidios según el tipo de arma empleada. En 2019, las armas de fuego estuvieron presentes en el 51% de los 1.140 homicidios registrados. Entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, representaron el 73% de 2.147 casos, según información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) procesada por el Instituto Peruano de Economía (IPE). En términos proporcionales, se pasó de alrededor de cinco de cada diez homicidios cometidos con armas de fuego a más de siete de cada diez. La diferencia entre ambos periodos es de 22 puntos porcentuales.

En cifras aproximadas, los registros equivalen a unos 581 homicidios con armas de fuego en 2019 y cerca de 1.567 entre setiembre de 2025 y agosto de 2026. El número total de homicidios registrado entre ambos periodos aumentó alrededor de 88%, mientras que aquellos en los que figura un arma de fuego lo hicieron aproximadamente en 170%.

Christian Campos Vásquez, investigador asociado del Instituto de Criminología ICEV, advierte que estas cifras deben leerse considerando las limitaciones de la fuente utilizada. Explicó que el registro de defunciones del sistema sanitario no fue construido específicamente para contabilizar homicidios y puede presentar subregistros. “Necesitamos reconocer los límites de las fuentes de información que existen. No necesariamente porque el dato exista, lo vamos a utilizar para lo que sea y hay que tener muchísimo cuidado con eso”, señaló.

Para Campos, un conteo con fines de política pública debería integrar información de las distintas instituciones que intervienen en el registro e investigación de las muertes. “Nunca remitirnos a una sola fuente ha sido la salida salomónica de política pública, porque ninguna de las instituciones por sí misma es capaz de contar bien los homicidios”, sostuvo. Su propuesta apunta a un comité interinstitucional que evalúe los casos con información policial, fiscal, judicial y médico-legal.

¿De dónde provienen las armas que terminan siendo utilizadas por la delincuencia?

Durante 2025 fueron internadas legalmente 13.997 armas de fuego al territorio peruano y otras 3.865 durante el periodo de enero a marzo de 2026 comprendido en una presentación realizada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ante el Congreso. Entre ellas figuran 998 carabinas calibre .223, tipo AR-15, durante 2025 y otras 313 en 2026.

En el caso de las municiones, en 2024 fueron internadas 19,3 millones de unidades y en 2025 la cifra alcanzó los 31,4 millones. Durante ese último año, las municiones 9 mm Luger y 9x19 mm representaron el 31% del total. Para 2026, la presentación de Sucamec contabilizaba otras 7,9 millones de unidades.

Los registros de la entidad también dan cuenta de armas que posteriormente fueron declaradas como perdidas, robadas o hurtadas. Entre 2022 y marzo de 2026 se reportaron 10.407 armas bajo alguna de estas tres condiciones: 5.046 como perdidas, 4.429 como robadas y 932 como hurtadas. Solo en 2025 fueron 2.158.

Las pistolas representan el 65,5% de las solicitudes de tarjetas de propiedad según tipo de arma, seguidas por los revólveres, con 16,3%; las carabinas, con 10,1%; y las escopetas, con 8,2%. En su presentación, Sucamec indicó además que durante 2025 hubo un incremento en la adquisición de pistolas y las identificó como el tipo de arma más solicitado y también el más declarado como perdido o robado.

La información disponible no establece cuántas de las 10.407 armas reportadas como perdidas, robadas o hurtadas ingresaron posteriormente a mercados ilegales ni cuántas fueron utilizadas en homicidios. Sobre las posibles rutas de abastecimiento, los especialistas consultados por El Comercio identifican más de un mecanismo.

Del mercado legal al ilegal

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, identifica la pérdida de armas de uso civil como una de las vías de suministro a la delincuencia. Recordó que anteriormente se detectaron casos de propietarios que acumulaban varios reportes de pérdida.

“La pérdida de arma de fuego es una de las principales variables a través del cual se suministra armas a la delincuencia”, señaló. Pedraza recordó que había personas que registraban “cuatro o cinco pérdidas de arma de fuego” y que, al requerirse una denuncia, esta situación “se había convertido en un mecanismo de traslado de arma de fuego a terceros, usualmente la delincuencia”.

El exministro considera que una forma de restringir esta posibilidad sería impedir el acceso a nuevas armas cuando existan antecedentes reiterados de pérdida. “Registrar dos pérdidas de arma de fuego debería ser una causal de no acceso a un arma de fuego porque precisamente se trata de cortar esta variable”, sostuvo.

Frank Casas, experto en seguridad, coincide en identificar problemas en el seguimiento de armas adquiridas formalmente, aunque advierte que no existen cifras que permitan determinar qué proporción del armamento que llega al mercado ilegal corresponde a cada vía.

“Las fuentes son múltiples, no existen datos certeros para identificar exactamente cuánto en términos de porcentaje de dónde viene”, explicó. Entre ellas menciona “problemas de regulación” en el sistema formal de adquisición, uso y porte. Se trata, según Casas, de “armas que han sido legalmente gestionadas, inscritas en Sucamec, pero que lastimosamente no se hace mucho seguimiento y monitoreo y terminan perdiéndose”.

Más de una ruta

Casas identifica otras dos posibles fuentes de abastecimiento: armas previamente incautadas que vuelven al circuito ilegal por deficiencias en su gestión y aquellas que ingresan mediante el tráfico transfronterizo.

Sobre la primera, señaló que existen antecedentes de armas incautadas por la Policía o las Fuerzas Armadas que posteriormente se pierden o son vendidas. “Al no haber control, inmediatamente esas armas son incautadas, automáticamente las pueden manipular y ofertar”, explicó. Según Casas, estas pueden terminar incorporándose al mercado negro.

La tercera vía mencionada por el especialista es el tráfico a través de las fronteras. Casas hizo referencia a Bolivia, Ecuador, Brasil y Colombia. “Teniendo fronteras tan porosas, tan laxas (...) la verdad que es difícil imaginar que no pueda haber un tráfico de armas que entra y sale del país”, sostuvo.

Casas también señaló que, a partir de las incautaciones y presentaciones realizadas por la Policía, observa principalmente armas cortas entre las recuperadas en operativos, aunque precisó que este punto requiere mayor verificación. “La mayoría son, digamos, armas cortas de puño, ya con cierto nivel de antigüedad, aunque en normal funcionamiento”, explicó.

El seguimiento después de la pérdida

A la dificultad para determinar el origen de las armas que llegan a manos de la delincuencia se suma la posibilidad de reconstruir posteriormente su recorrido. Pedraza recordó que en 2013, durante su gestión en el Ministerio del Interior, se adquirió el sistema IBIS, destinado al registro balístico de armas utilizadas en hechos delictivos.

Según explicó, la herramienta permitía mantener un archivo digital de referencia a partir de las características dejadas por las armas después de ser percutadas. Pedraza sostuvo que el sistema fue posteriormente desbordado por el número de registros y que su continuidad enfrentó problemas relacionados con el pago de la licencia del software.

El proyecto contemplaba posteriormente registrar no solo las armas vinculadas con la comisión de delitos, sino también las características de aquellas para las cuales Sucamec otorgaba licencias.

“La Policía, porque es un sistema de la Policía, debería de tener un sistema de registro de su base de datos de un arma de fuego, porque cuando se dispara un casquillo deja una huella única, como un ADN”, explicó Pedraza.

“Esa característica se anota y lamentablemente no es lo que se está haciendo en estos tiempos. Creo que en una coyuntura así vale la pena recuperar ese proyecto”, agregó.

Para el exministro, retomar esta capacidad permitiría conocer qué ocurre posteriormente con las armas reportadas como perdidas. “La seguridad tiene un costo y eso hay que asumirlo para precisamente tener un margen mayor de trazabilidad y saber finalmente a dónde llegan las armas perdidas”, concluyó.