Las regiones con mayor y menor cantidad de homicidios en 2026

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Uno de los retos más prioritarios que tendrá que asumir desde el día uno el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, es la violencia e inseguridad ciudadana y cuyo panorama durante el primer semestre de 2026 es completamente desalentador cuando vemos que el número de homicidios no solo se mantiene elevado, sino con una tendencia a la alza, superando lo registrado en años anteriores.

El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que basa su data en el certificado de defunción a manos del médico legista nos dice que, durante el primer semestre de 2026, se han reportado en todo el país unos 1,071 homicidios (aunque el último reporte que incluye lo que va de julio, nos arroja 1,138) que, en el papel, representa una reducción del 4.2% respecto al mismo periodo de 2025 donde hubo 1,118 casos, esto último de acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, desde su cuenta oficial de X.

Asimismo, indica que en el mes de marzo hubo un pico de 202 homicidios, donde el 74% de estos están relacionados con el empleo de armas de fuego (PAF); pero, en el trimestre de abril, mayo, junio, la prevalencia de PAF alcanzó en 76%, siendo el más elevado en lo que va del 2036, específica Carbajal en la mencionada red social.

En cuanto a la evolución mensual de los decesos por homicidio, Sinadef lo detalla de esta manera: enero con 175 casos, febrero con 169, marzo con 202, abril con 165, mayo con 168, junio con 188 y 71 en lo que va de julio hasta la publicación de este informe.

De acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), también del Ministerio de Salud (Minsa), en su cuadro de defunciones registradas por regiones del año 2026 por muerte violenta, nos dice que entre enero y junio, se ha reportado hasta el momento 1,145 casos por homicidio, 1,692 por accidente de tránsito, 1,207 ignorado, 637 por otro accidente, 402 por suicidio y 197 por accidente de trabajo.

Sin embargo, Carbajal destaca que Sinadef cuenta con el apartado de “ignorados” en muerte violenta, la cual data de 2017, pero tiene un problema: “el médico legista los cataloga como ‘se desconoce’, ‘ignorado’ y son cantidades altas año tras año. Si se sinceran estos datos, conllevaría a que los registros de homicidios sean mayores, Por ejemplo, el Comité Estadístico de Criminalidad (CIC), en conjunto con INEI, visibiliza números mayores a los presentados por Sinadef y la policía hasta 2025”.

Para ello, el analista de datos menciona un caso clave para entender esto, como fue lo ocurrido el 25 de abril de este año cuando 5 jóvenes fueron acribillados por 8 efectivos militares durante un operativo en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica: “La policía dijo que fue un enfrentamiento, pero las investigaciones indicaron que no sucedió así: fue homicidio”

Y argumenta lo siguiente: “Cuando revisamos la data de la policía, nos damos con la ingrata sorpresa de que aparecen cero homicidios en abril en dicha localidad de Huancavelica, pero cuando filtramos en Sinadef, solo aparecen dos muertes violentas por arma de fuego en esa fecha: 2 de 5. Pero, de esas dos solo una es catalogada como homicidio, el otro fue registrado como ‘ignorado’, ¿Qué pasó con las otras tres muertes? Hay un desfase de registro en las instituciones estatales”.

En ese sentido. según Reunis, las regiones que más casos de homicidios durante el primer semestre de 2026 son: Lima (442), La Libertad (122), Callao (96), Piura (78), Ica (58), Tumbes (49), Madre de Dios (34), Puno (34), Ancash (24), San Martín (24), Ucayali (23) y Lambayeque (22).

Mientras que la misma entidad, apunta que estas son las regiones con menos homicidios en el mismo periodo del 2026: Moquegua (1), Pasco (2), Huancavelica (3), Tacna (5), Amazonas (6), Apurímac (7), Loreto (11), Huánuco (12), Junín (13), Arequipa (15), Ayacucho (16), Cusco (16) y Cajamarca (17).

Si volvemos al reporte de Sinadef, entonces nos dice que del total de fallecidos en el primer semestre de 2026 en Perú por causa de homicidio según sexo, el 90.5% son hombres, en tanto que el 9.5% restantes son mujeres.

También detalla que las causas de muerte en este apartado comprende: arma de fuego con 865 casos, asfixia con 31, arma blanca con 91 y otras causas con 151. Por su parte, en cuanto las edades más frecuentes de estos asesinatos, Sinadef destaca lo siguiente: adolescentes de 12 a 17 años con 56 casos, jóvenes de 18 a 29 años con 383, adultos de 30 a 59 años con 635 y adultos mayores de 60 años a más con 56.

Sin embargo, los datos de la entidad adscrita del Ministerio de Salud (Minsa) en muchas ocasiones difieren de otras instituciones como, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual afirma que, de enero a junio de 2026, tienen reportados 1,259 casos de homicidio.

De acuerdo al excomandante de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, la cifra anterior representaría una reducción de 413 casos en el mismo periodo de 2025 y trae a colación un dato no menor dado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en cuyo informe revela que la percepción de inseguridad nacional ha aumentado 82.2%, mientras que la victimización en un 27.1%

“Sinadef hace ver que, solo entre abril y junio, hubo un incremento sostenido de homicidios en el uso de armas de fuego. Solo en junio tuvimos 76% de casos; es algo que preocupa mucho”.

Por su parte, Rubén Vargas, experto en crímen organizado y economías ilegales, considera que las cifras lanzadas por organismos como el Sinadef no están sinceradas ya que, en su criterio, se están obviando escenarios muy particulares, trayendo a colación que en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se viene llevando a cabo una guerra con varios muertos de por medio, lo mismo sucedería actualmente con la minería ilegal.

“Hay una tremenda discrepancia, por ejemplo, en el delito más recurrente y con mayor expansión como las extorsiones, donde la diferencia de los registros del Ministerio Público y la Policía es casi del 100 por ciento. Nuestras instituciones tienen una tremenda displicencia e irresponsabilidad, porque pretenden maquillar un problema: que se está asesinando a los peruanos y no nos atrevemos a mostrar la magnitud de lo que implica”, expresó.

En ese sentido, esta falta de sinceramiento de datos, para Vargas, más allá de cualquier error o intencionalidad, implica “desconocer a los peruanos que fueron asesinados. Es como volver a asesinar a las víctimas. Son peruanos que murieron como consecuencia de que el Estado no les brindó seguridad y ese mismo Estado no los quiere registrar como víctimas. Hay una responsabilidad política, administrativa y ética, pues existe un serio problema de los responsables que pretenden esconder un desborde criminal que, a todas luces, tiene secuestrada a muchas de nuestras ciudades”.

Juan Carbajal agrega al respecto del sinceramiento de datos: “No quisiera catalogarlo como ocultamiento adrede. Creo que, como ocurrió en tiempos de pandemia, responde a falta de herramientas desde el aspecto legista para que lleguen a la causa real de la muerte violenta. Ambas instituciones tienen carencias de validación o sinceramiento de registro que se tendrían que fiscalizar o auditar, se trata de información que se da a toda la ciudadanía. Debe existir una sola institución, pero con información real que esté disponible para la ciudadanía.

El fenómeno del aumento de muertes por homicidios, necesariamente, está vinculado con la expansión del crimen organizado en los últimos años, el cual parece ser incontrolable, sobre todo por la proliferación de delitos tales como la extorsión y el sicariato. Ante esto, Pérez Rocha detalla:

“El actual problema de la policía es que no hay prevención para que no ocurran hechos delincuenciales. Hay que considerar que, a nivel mundial, del total de efectivos policiales, el 75% son asignados a labores de prevención, pero esto viene acompañado por tecnología, algo que en nuestro país no sucede. En Japón o Estados Unidos los ves, por lo menos, con cámaras de vigilancia, además de otros implementos”.

Y agrega: “En cambio, la investigación criminal empieza desde que se comete el hecho delictivo y el personal designado es el 10%”, dice Pérez Rocha que, por esta razón, no está de acuerdo con propuestas que impliquen la división de la Policía Nacional en dos (una de prevención y otra de investigación).

Además de esto, aseguró que para que las fuerzas policiales cumplan con su deber contra la delincuencia organizada, es necesario contar con 70 mil efectivos adicionales: “Los alcaldes de todos los distritos te dicen que no tienen suficientes policías en las comisarías. Ellos se encargan de prevenir”.

Por ello, cree que lo mejor para la PNP es homogenizarla, tal y como sucede en el resto del mundo: “El INEI nos dice que de cada 100 personas, solo 15 hacen la debida denuncia, las 85 restantes no y cuando se les pregunta el por qué, dicen que es una pérdida de tiempo o que no solucionan el problema. Ojalá la presidenta sea clara en sus medidas para los 100 primeros días”.

En ese sentido, los expertos dan su opinión de lo que se debería esperar del nuevo gobierno que se instalará el próximo 28 de julio, sobre todo teniendo en cuenta que la presidenta electa, Keiko Fujimori, utilizó como caballito de batalla en campaña presidencial la promesa de “orden” y lucha frontal contra la delincuencia organizada.

“El tema del orden y la autoridad, pasa por ordenar las cifras, transparentarlas para entender la magnitud del problema. No podemos seguir en esta situación caótica donde no sabemos cuántos son los peruanos asesinados por el crimen organizado”, acotó Rubén Vargas.

Del mismo modo, pide que se deje de lado la aplicación de los estados de emergencia, considerando que “no han servido para nada, solo para escapar de la responsabilidad (...) Desde el primer día necesitamos conocer la estrategia, evitar los errores y horrores de estos últimos 5 años que ocasionó que, en promedio, 6 peruanos sean asesinados diariamente. Asimismo, conocer qué hará el gobierno frente a las economías ilegales (oro ilegal, cocaína, tráfico de bienes falsificados como cigarrillos, medicinas, y pesca negra), pues estas son la fuentes principales que financian al crimen organizado y la corrupción política”.

Por su parte, el excomandante general de la PNP asegura que es importante que el nuevo gobierno tenga conciencia de datos vitales, por ejemplo, que las denuncias que recibe el Ministerio Público de parte de la PNP son, principalmente, de delitos menores: “Los delitos mayores necesitan los elementos probatorios que llegan, muchas veces, luego de un año y medio o dos. Hay que tener en cuenta que de 1,000 denuncias, solo 5 o 6 tienen sentencias”.

En ese sentido, aconseja sobre la necesidad de crear más direcciones de criminalística, ya que en la actualidad existe solo una que se encuentra en Lima: “Podemos aprovechar la presencia del FBI y del embajador de los Estados Unidos para solicitar apoyo en la creación de 5 direcciones de criminalística descentralizadas, tanto en el norte, centro, sur, sur este y en Loreto. Será importante saber qué nos dará la presidenta en sus primeros 100 días”, sentenció.