Acción Popular suma nueva presencia en el gobierno de Pedro Castillo

La excongresista de Acción Popular (AP) en el período 2020-2021, Mónica Saavedra Ocharán, fue designada asesora del despacho ministerial de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza el recientemente nombrado Félix Chero. Este firma la resolución publicada el último jueves. Así, la abogada se suma a otros militantes del partido de la lampa que han tenido presencia en el gobierno de Pedro Castillo.

Por ejemplo, su excolega parlamentario Carlos Pérez se desempeña desde febrero pasado como asesor de Coordinación Parlamentaria del Ministerio de Energía y Minas.

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También está el caso de José Incio, quien fue ministro de la Producción entre octubre y noviembre de 2021, aunque previamente solicitó la suspensión de su militancia.

Saavedra, quien milita en Acción Popular desde julio del 2019, presidió la Junta Preparatoria para la instalación del Congreso 2020-2021. En dicha campaña, encabezó la lista por Lima.

Como parte de ese proceso, en enero del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio cuenta de que Saavedra no había declarado una sentencia del 2013 por maltrato psicológico. Debido a que ya no podía ser excluida por vencimiento del plazo, el ente electoral derivó el caso a la fiscalía. “Puse una denuncia por violencia psicológica contra mi hijo y mi persona [...] y finalmente el Poder Judicial cambia la figura y de demandante me convierto en denunciada”, explicó la abogada a Canal N por entonces.

En marzo del 2020, la Octava Fiscalía Penal abrió investigación preliminar contra Saavedra por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo. “No tengo ningún inconveniente de ser investigada por las instancias competentes, siendo yo la primera interesada en aclarar esta situación, debo precisar que nunca he ejercido violencia psicológica, menos física contra mis hijos”, respondió aquella vez a este Diario.

Según pudo conocer El Comercio este jueves, la excongresista invocó el principio de oportunidad, un mecanismo de solución de conflicto penal. Por ello, las partes llegaron a un acuerdo de reparación y la fiscalía archivó el caso posteriormente.

Posiciones internas

En diálogo con El Comercio, Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular, dijo no haber conversado con la exparlamentaria y desconocer si esta ha solicitado alguna licencia.

“No hemos recibido ninguna licencia partidaria. Por lo menos a través de la presidencia, tampoco otra instancia ha informado al comité político”, comentó por su parte Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, a este Diario

Asimismo, Del Águila Morote no se expresó en contra de la designación, pues explicó que los militantes solo están prohibidos de asumir cargos políticos.

“Pero los cargos profesionales no son impedimento [...] Puede ser un puesto de confianza, pero no necesariamente político. Un puesto de confianza de carácter técnico”, arguyó. “Un cargo político es un cargo de ministro o viceministro. Son considerados cargos políticos; el resto, no”, añadió.

Una posición discrepante tuvo la actual bancada de Acción Popular. En un pronunciamiento publicado en Twitter, el grupo parlamentario rechazó el nombramiento y pidió a Saavedra pedir licencia o renunciar al partido.

“Expresamos a la opinión pública nuestro rechazo a la designación de la excongresista Mónica Saavedra Ocharán como asesora en el despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Reconocemos el idóneo perfil profesional de nuestra correligionaria, pero advertimos que es un error que haya aceptado formar parte de este gobierno en un alto cargo de confianza. Acción Popular no forma parte del gobierno del presidente Pedro Castillo, por lo que pedimos el retiro de dicha funcionaria o, en su defecto, la solicitud de licencia o renuncia inmediata a nuestro partido político”, señaló la bancada en su comunicado.

Al respecto, el vocero alterno de la bancada de la lampa, José Arriola, añadió en declaraciones a este Diario: “Nosotros en ningún momento avalamos esa designación, salvo que la correligionaria haya pedido licencia al partido para que acepten ese cargo, porque si no, ahorita qué va a pasar. Van a pensar que Acción Popular tiene una cuota de poder, y eso no es así”.

El Comercio intentó comunicarse por llamadas telefónicas y mensajes con la excongresista Mónica Saavedra, pero no obtuvo respuesta. A través de su página de Facebook, ella ha dado cuenta de que es precandidata a la alcaldía del distrito limeño de Jesús María.

La designación de Mónica Saavedra se da también en un contexto en el que el partido de la lampa ha sido señalado por un presunto acercamiento al gobierno de Pedro Castillo. La lobbista Karelim López —aspirante a colaboradora eficaz en una investigación por lavado de activos— declaró a la fiscalía que una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está integrada —además del mandatario y otras personas— “por cinco congresistas de Acción Popular”.

López identificó a los legisladores Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori como parte de un grupo apodado ‘Los Niños’ por el presidente Pedro Castillo y el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, “porque obedecen todo lo que dice” el mandatario. En la bancada, en tanto, se sospecha internamente de tres nombres más: Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos los implicados han rechazado tales imputaciones.

Mientras tanto, la bancada de Acción Popular aún no define una posición conjunta respecto de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que será debatida y votada este lunes por el Congreso.

Arriola comentó que en Acción Popular “hay una posición mayoritaria de votar en contra de la vacancia”. De acuerdo al legislador, el costo de votar en contra de la vacancia es “definitivamente” menor que hacerlo a favor de la misma. “Por lo menos, el enemigo principal que tiene el Perú hoy en día —que es la falta de trabajo, empleo, salud, inseguridad ciudadana— se puede afrontar en tranquilidad, no en zozobra”, sentenció.

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