El primer ministro Aníbal Torres se presentó el jueves 18 ante el Congreso para defenderse de las acusaciones de incitar a la violencia contra ese poder del Estado.
Respaldado por su Gabinete, Torres negó que haya azuzado a la población, volvió a victimizarse y evadió la autocrítica.
El primer ministro culpó a “un sector de los medios y del Congreso” de no hablar con la verdad, incitar la vacancia o renuncia del presidente Pedro Castillo y ocultar información.
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Además, aseguró: “Hay excesiva libertad de prensa incluso para injuriar, difamar, calumniar. Hay una excesiva libertad de prensa en el Perú y eso está plenamente garantizado”.
Luego, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, se dirigió ante el pleno con un discurso similar. “Nos gustaría tener entrevistas tan cómodas como se les hace a aquellos que están en contra del Gobierno”, dijo.
Después de esas intervenciones, la oposición parlamentaria cuestionó la postura de los representantes del Ejecutivo.
El congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, señaló que el presidente y sus ministros deben rendir cuentas al país por los cuestionamientos que pesan actualmente en su contra, en lugar de apostar por la victimización.
Chiabra recordó que el jefe del Estado enfrenta seis investigaciones fiscales por presunta organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.
En tanto, el legislador Carlos Anderson, no agrupado, acusó al primer ministro de “torturar la verdad” para negar que azuzó a diversas agrupaciones sociales a que se movilicen contra el Parlamento durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno, el pasado 10 de agosto.
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Aquella vez, Torres propuso a dirigentes sindicales “traer a Lima 50 personas cada uno” para poner “de rodillas” a “los golpistas”.
Pero el jueves, el primer ministro aseguró: “Lo que estoy diciendo es que el pueblo tiene derecho a defenderse”.
Torres también afirmó el pasado 10 de agosto que con las movilizaciones se obligaría “a los golpistas” a redactar una nueva Constitución “que beneficie a todos”.
Ayer ante el pleno, insistió en que la población reclama la instalación de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna, y añadió que los medios de comunicación “no transmiten lo que grita la población”.
De acuerdo con una encuesta de Ipsos Perú de junio pasado, el 29% de los peruanos considera que la Constitución debe ser reformada totalmente, el 25% está de acuerdo con cambios parciales, el 18% señala que debe mantenerse sin cambios y otro 25% dijo no estar suficientemente informado para opinar.
Durante su intervención ante el pleno, Torres recordó que la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, de Fuerza Popular, incitó a transportistas a bloquear el tránsito y generar caos vehicular, según se conoció en noviembre del año pasado con la difusión de un video. Moyano respondió que no era congresista cuando se pronunció de esa manera.
El primer ministro también recordó que el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que la vacancia presidencial “va a tener su cuota de sangre posiblemente”.
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En otro momento, Torres, Salas y el ministro de Justicia, Félix Chero, hablaron de trabajar en consenso con el Congreso, con una “agenda país”. Pero la oposición los acusó de “proteger a un presidente que eventualmente va a terminar en la cárcel”. Antes de la sesión del pleno, el congresista Diego Bazán, de Avanza País, adelantó que su grupo buscará la censura del primer ministro.
Durante el debate parlamentario, la congresista Flor Pablo planteó el adelanto de elecciones generales como una salida a la crisis política.
El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, anunció la presentación de un proyecto de ley en el mismo sentido, “para irnos todos”, aunque ya existe uno presentado por la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, de Podemos.
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En su videocolumna "Cuéntame otra" de este martes, el analista político y periodista, Fernando Vivas, se refiere a la situación de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien no acudió el lunes a la citación de la fiscalía que la investiga por presunto tráfico de influencias. 
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