El parlamentario Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) es protagonista de una nueva polémica. Esta vez por haber presentado un proyecto de ley que plantea prohibir que funcionarios que tuvieron acceso a información secreta o confidencial postulen al Congreso.
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Especialistas consultados por El Comercio han cuestionado la iniciativa y la han calificado de absurda y antidemocrática. Además, advirtieron que se buscaría dejar fuera de las próximas elecciones a exministros del Interior y Defensa, ex miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, etc.
La dirigencia de APP ha marcado distancia de la propuesta y señalando que no es una iniciativa partidaria.
En diálogo con este Diario, Luis Valdez, secretario general de la agrupación, señaló que el proyecto fue presentado por Soto a título personal y la dirigencia desconoce los detalles de la propuesta.
“No he leído [el proyecto], no lo entiendo y no sé cuál es la justificación. Alianza para el Progreso es un partido democrático que no cree que se deba prohibir la postulación de personas que hayan servido al país [...] Es una iniciativa personal, no la hemos planteado, no tenemos posición partidaria”, afirmó.
Valdez subrayó que APP está de acuerdo con las limitaciones que actualmente establece la norma y que demandarán a Soto una explicación de su proyecto. Además, no descartó que puedan pedirle que lo retire.
“En su momento lo sustentará, caso contrario, si se encuentra fuera de la perspectiva del interés del partido, tendrá que retirarlo”, puntualizó.
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Soto presentó el proyecto de ley el pasado 11 de febrero y ya se encuentra en manos de la Comisión de Constitución, que preside Fuerza Popular. La iniciativa está suscrita por sus colegas de bancada María Acuña, Magaly Ruiz, Nelcy Heidinger, Juan Carlos Lizarzaburu y Manuel Correa.
Roberto Chiabra, Lady Camones, Elba Julón, José Elías, Luis Kamiche, Jorge Marticorena y Rosío Torres, también integrantes de APP, no la firmaron.
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En diálogo con El Comercio, Chiabra que, en diversas ocasiones, ha tenido una postura contraria a su bloque, discrepó de la propuesta.
“Desde mi punto de vista yo no concuerdo porque se estaría cortando la posibilidad de que personal calificado pueda postular al cargo de Congresista”, dijo.
A su juicio, la iniciativa buscaría cerrar el paso a ex policías y ex militares que trabajaron en los sistemas de inteligencia del país.
En tanto, Camones respondió que la bancada aún no habla del tema. “Antes de responder preferiría conversarlo y que [Soto] nos ahonde los motivos de su propuesta”, agregó.
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Fuentes de la bancada detallaron a El Comercio que Soto “no consultó nada” antes de presentar su proyecto. “Es una propuesta personal, jamás consultó a la bancada. Como siempre, se lanza solo”, indicaron.
En un comunicado publicado en X (antes Twitter), Soto restó importancia a las críticas y afirmó la iniciativa que deberá ser analizada o debatida por el pleno.
“No entiendo el temor, pues, a mi criterio, no considero justo que ciertas autoridades que mantienen información secreta lo utilicen en beneficio propio a costa del daño moral de los involucrados”, escribió.
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La propuesta
Como reveló El Comercio, Soto plantea, en el proyecto de ley 10178/2024-CR, que no puedan ser elegidos miembros del Congreso de la República aquellos funcionarios que tuvieron acceso a información secreta, reservada o confidencial hasta cinco años antes de la elección. Sin embargo, precisa que el impedimento no aplicaría a los parlamentarios.
La propuesta de Soto no especifica quiénes son estos funcionarios con acceso información secreta o confidencial, ni cómo se realizarán los filtros para evitar que dichas personas postulen, etc.
En los fundamentos de su proyecto, Soto señala que el conocimiento previo de dicha información podría ser potencialmente mal utilizado para fines distintos a su función congresal.
Señala que, si bien la ley prohíbe a los funcionarios divulgar la información secreta, no debe perderse de vista que esta responsabilidad de “ex post, es decir, que surge cuando las consecuencia de la mala utilización ya se ha materializado”.
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Argumenta, además, que es deber del Estado combatir los espacios donde puedan generarse eventuales conflictos de intereses y que esta propuesta nace de la necesidad de crear mecanismos democráticos, sobre todo en espacios como el Congreso.
Indica que el caso de los congresistas es especial debido a que su cargo es irrenunciable. Y que la situación contravendría no solo el derecho a participar en la vida política sino la norma que establece los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo.
Considera que establecer esta prohibición en el caso de los legisladores desincentivaría la conformación de las comisiones investigadoras y de Inteligencia del Congreso.
Finalmente, menciona que la aplicación de esta propuesta no generaría ningún incremento en los recursos económicos del país.
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Cabe resaltar que, actualmente, la Carta Magna señala que están impedidos de postular al Poder Legislativo aquellos funcionarios que no han renunciado a su cargo con seis meses de anticipación. Entre ellos están el presidente de la República, los ministros y viceministros de Estado. Asimismo, integrantes del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros funcionarios Públicos.
La Ley Orgánica de Elecciones establece los mismos impedimentos y añade que tampoco pueden ser elegidos congresistas quienes no estén debidamente registrados en el Reniec o quienes figuren como deudores de reparaciones civiles o por alimentos.
Además, las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras del delito de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.
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