El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, pidió al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP) que se priorice el debate y votación para aprobar por insistencia el proyecto que propone crear una comisión de alto nivel que plantee reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que permitiría al Perú salir de su jurisdicción.
La iniciativa que fue observada por el Poder Ejecutivo plantea crear una comisión presidida por el canciller para proponer una reforma ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Soto precisa en su publicación que el objetivo es que el país pueda abandonar la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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“Solicitamos a la Presidencia del Congreso y de la Comisión de Constitución priorizar la votación por insistencia de nuestro proyecto de ley que propone la salida de la CIDH, abriendo el debate para medidas más duras contra la delincuencia y criminalidad”, manifestó.
Wilson Soto envió dos oficios, uno al despacho de Eduardo Salhuana donde pide que se otorgue “prioridad en el pleno del Congreso de la República al debate del dictamen de insistencia ante las observaciones del Poder Ejecutivo frente a la autógrafa de los Proyectos de Ley 2014/2021-CR y otros”.
Un documento similar fue enviado al presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien pide que se sume al pedido de priorizar el debate de la insistencia.
Este proyecto de ley de autoría de Wilson Soto y congresistas de Acción Popular fue observado por el Ejecutivo el 12 de febrero de este año pero la Comisión de Constitución aprobó por mayoría la insistencia de la ley, rechazando los cuestionamientos del Gobierno.
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El texto plantea conformar una Comisión de Alto Nivel para elaborar “propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” que alcancen a los instrumentos que la integran, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
La norma también plantea que, si en 180 días el sistema no implementa las recomendaciones enviadas por el Perú, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
