La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó, mediante un comunicado difundido este 5 de marzo, que declaró al Perú responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997.
El tribunal también señaló responsabilidad estatal “por la falta de debida diligencia y demora injustificada en la investigación de lo ocurrido”.
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Según el documento, los hechos ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), que promovía la anticoncepción quirúrgica voluntaria.
No obstante, la Corte indicó que este programa “derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido”, afectando principalmente a mujeres indígenas y en situación de pobreza.
El comunicado detalla que Ramos Durand, de 34 años, “fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas”. La intervención se realizó el 3 de julio de 1997 en el puesto de salud del caserío La Legua, el cual “no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias”.
Durante la cirugía, la paciente presentó “una reacción alérgica severa” y fue trasladada posteriormente a una clínica de Piura, donde falleció el 22 de julio tras permanecer hospitalizada 19 días.
Asimismo, la Corte concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar “fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva”, implementada mediante “coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres”. En ese contexto, el tribunal señaló que el caso de Ramos Durand “no fue un caso aislado, sino parte de una política estatal”.
En su decisión, la Corte estableció que el Estado violó diversos derechos de la víctima, entre ellos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, igualdad ante la ley y salud.
También determinó afectaciones a sus familiares, incluidos su esposo, madre e hijas, quienes “sufrieron profundas afectaciones como consecuencia de la esterilización y muerte” de Ramos Durand y de la impunidad del caso. Por estas vulneraciones, el tribunal ordenó al Estado peruano implementar distintas medidas de reparación.
