El primer ministro y el presidente Pedro Castillo insistieron en el proyecto para una nueva Constitución. (Foto: PCM)
El primer ministro y el presidente Pedro Castillo insistieron en el proyecto para una nueva Constitución. (Foto: PCM)
Alicia Rojas Sánchez

El presidente y los miembros del Gabinete participaron el miércoles en una nueva sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en el distrito de Samugari (Ayacucho), una zona comprendida en el Vraem. Se trata de la séptima reunión que convoca el Ejecutivo en el interior del país.

En la jornada, el primer ministro se refirió al denominado “pacto social ciudadano” para atender el problema de los cultivos ilícitos de hoja de coca. Dijo que a partir de esta propuesta, el Gobierno apuesta por una “reducción gradual, voluntaria, consensuada y sostenible” de los cultivos. La meta para el 2022 es la reducción de 18 mil hectáreas de las cuencas cocaleras.

Asimismo, Torres afirmó que hay una “sostenida pérdida de participación” en el mercado legal de hoja de coca, lo que los obliga a impulsar algunos cambios. Entre ellos, Devida propone la creación de una instancia estatal regulatoria. Mientras esa disposición se concreta, durante un año se comprará hoja de coca no solo a los productores empadronados, sino también “a los que defina el nuevo padrón a construir”.

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El primer ministro también anunció la reestructuración de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).

Expectativas

Dos de los anuncios del jefe de Gabinete fueron observados por el exministro Rubén Vargas y el exviceministro Nicolás Zevallos.

Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, advirtió que existen tres problemas en las promesas del primer ministro: dos limitaciones legales y una económica. Por ello, consideró que el Gobierno está generando expectativas en los agricultores cocaleros respecto a medidas que no se podrían implementar.

“La norma [Ley 22095] prohíbe que se comercialice hoja de coca que no está empadronada, no se puede. Quien se anime a hacer algo como eso está cometiendo un acto ilegal. Segundo, no se puede abrir el padrón hasta que no se cambie la ley y, hasta el momento, no hay nada nuevo o distinto a lo vigente”, explicó Zevallos a El Comercio. Para eso, el Congreso tendría que modificar la legislación vigente.

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El exfuncionario mencionó que Enaco –que sería la responsable de la compra de hoja de coca– ya tenía un “serio problema de liquidez” para la adquisición de la hoja de coca lícita y tradicional.

Vargas, extitular del Mininter, indicó que el primer ministro no solo ha pronunciado medidas demagógicas, sino que también “anuncia decisiones absolutamente ilegales”.

“La ley actual prohíbe nuevos empadronamientos”, refirió. Añadió que la hoja de coca no empadronada es ilegal y el Estado tiene la obligación de erradicarla. Alertó que las intenciones del Gobierno serían también políticas. “Quieren convertir al sector cocalero en su base social”, destacó.

En la sesión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa, José Gavidia, informó que el Gobierno plantea que en el 2026 el Vraem deje de ser una zona de emergencia.

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