La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que reconocen y asumen las recomendaciones de los informes sobre las protestas en las que murieron decenas de personas entre diciembre y marzo de este año, pero también reiteró que discrepan de sus conclusiones.
Respondió así cuando fue consultada sobre el informe emitido este jueves por la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, donde se indica que hay indicios suficientes para considerar que hubo violación de derechos humanos en las muertes, agresiones y detenciones de manifestantes entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
“Hemos dicho que el informe de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), reconocemos los informes que ha dado, hemos atendido sus recomendaciones pero sí discrepamos en tres puntos que en su parte se hizo conocer a la población peruana”, dijo en alusión al informe que la comisión publicó en mayo.
Específicamente sobre el documento de la ONU, la presidenta señaló que los hechos que reporta están “en investigación”.
“Pero también indica que el gobierno peruano ha reaccionado rápidamente para atender a las víctimas y heridos de esa situación”, agregó.
El informe de la oficina de la ONU analiza la conducta de las fuerzas del orden durante las manifestaciones a nivel nacional y advierte que las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos” de quienes participaron en las movilizaciones.
“Las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, indica el informe. También documenta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes”, informó la oficina del alto comisionado para derechos humanos de la ONU.
El informe de 54 páginas incluye 18 recomendaciones, como que el Estado garantice que no se usen armas de fuego en el contexto de control de multitudes en protestas sociales, y que las armas menos letales se usen respetando plenamente el derecho y normas internacionales de derechos humanos.
También que haya un protocolo que garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales en el contexto de protestas sociales.
