El expresidente Pedro Castillo participó este martes 21 de enero en la audiencia virtual en la cual pidió al Poder Judicial que se varíe su prisión preventiva por una vigilancia electrónica que le permita salir en libertad en el proceso que afronta por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Durante su participación al final de la sesión convocada para escuchar su solicitud que busca nuevamente anular los 36 meses de prisión preventiva que han sido ratificados en diversas oportunidades, Castillo Terrones negó que tenga intención de salir de país.
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“Yo jamás voy a fugarme del país, nunca he pretendido fugarme y nunca cogí un arma, nunca me he burlado de nadie”, aseguró pese a que ese 7 de diciembre del 2022 fue intervenido por personal policial dirigiéndose a la sede de la Embajada de México en el Perú.
El exmandatario incluso dijo que se someterá a cualquier disposición que dé el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, si es que admite su solicitud, lo que incluye no vivir en su residencia formal en Anguía.
“He tomado la decisión que tenga un domicilio en Lima con la finalidad de contribuir con este proceso legal”, aseguró.
Uno de los abogados que participó en su defensa, Carlos Perea Pasquel, aseguró que había nuevos elementos que disminuían los argumentos considerados por la fiscalía para considerar el supuesto delito de rebelión, incluyendo el testimonio del general PNP Manuel Lozada quien, según dijo, descartó que ese día haya ocurrido un alzamiento de armas.
“No solo él, sino miles en el Perú necesitan este tipo de fórmula de variar la prisión preventiva por una suerte de vigilancia electrónica”, pidió el abogado quien también aseguró que ninguna parte del Código Procesal Penal descarta que alguien procesado por rebelión pueda recibir este tipo de beneficio.
En respuesta, la fiscal Galinka Meza Salas se opuso al pedido y señaló que no había disminuido durante todos estos meses ni el peligro de fuga ni el riesgo de obstaculización de la justicia por parte de Pedro Castillo.
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Asimismo, aseguró que contaba con declaraciones de testigos que participaron directamente en los hechos aquel día del golpe de Estado quienes detallaron cómo recibieron órdenes de impedir el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo o proceder con la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En respuesta, el juez Checkley anunció que se pronunciará sobre este pedido en el plazo de ley, mientras se espera que avance el proceso penal contra Pedro Castillo en el que el Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión efectiva por delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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