Fiscal afirma que Vladimir Cerrón amenaza y hostiga a testigos

El Poder Judicial resolverá este viernes desde las 7 p.m. el pedido de la Fiscalía contra el Lavado de Activos para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Al líder de Perú Libre se le imputa dirigir una presunta red criminal dedicada al lavado de dinero ilícito proveniente de actos de corrupción.

La decisión será anunciada por el juez John Pillaca, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). El magistrado indicó la fecha de lectura de su resolución luego de concluir el debate entre fiscalía y la defensa, el cual comenzó el lunes 14.

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Este miércoles también se debatió la pena que recibiría Vladimir Cerrón si fuese hallado culpable de los delitos que se le imputan, así como la existencia o no de peligro procesal: el riesgo de que fugue del país o de que obstaculice su proceso.

Respecto a lo primero, el fiscal Richard Rojas estimó que la posible pena –conocida como prognosis– es de 35 años de prisión.

Sobre el peligro procesal, alegó que Cerrón no ha colaborado con la fiscalía y que buscaría entorpecer las pesquisas. Para esto, relató incidencias vinculadas a su conducta en las diligencias del caso, así como a la información brindada por un testigo protegido el 7 de octubre.

Este indicó que Cerrón “viene realizando llamadas a las personas que son citadas por la fiscalía, días antes o después de que declaren, y que si no cumplían sus órdenes, les reclamaba o los amenazaba, pues para él todas las personas ligadas a Perú Libre deben rendirle cuentas y avisarle que han sido citadas por la fiscalía”.

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Con esto, Rojas afirmó que Cerrón “viene hostigando, viene amenazando, a testigos recientes que están siendo programados por el Ministerio Público, para que no declaren o den testimonio en su contra. Ese es un acto procesal gravísimo”.

“En libertad, va a mantener no solo los actos de obstrucción, sino va a querer manipular los testimonios de los demás testigos”, aseguró.

Respecto al riesgo de fuga, afirmó que hay “un peligro latente de que el investigado Vladimir Cerrón rehúya la acción de la justicia y busque apoyo en las autoridades del Estado para ello”.

Sostuvo que Cerrón no tiene arraigo familiar, domiciliario o laboral de calidad, y que investigados del Caso Los Dinámicos del Centro fugaron con “apoyo del Gobierno, de sus ministros, de Perú Libre”.

A su turno, la abogada de Cerrón, Claudette Chaptman, sostuvo que su defendido sí tiene arraigos y que no ha obstaculizado las indagaciones. Sobre lo dicho por el testigo protegido, alegó que esto no está corroborado.

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En otro momento, el fiscal recordó que el abogado Raúl Noblecilla, cuando ejercía la defensa de Cerrón, habló sobre la posibilidad de solicitar asilo político. Noblecilla hoy es cercano a Pedro Castillo.

La actual abogada de Cerrón negó que él haya pensado en pedir asilo: “Él se mantiene en su patria”. Chaptman también sostuvo que en lugar de una presión preventiva, correspondería que que su defendido sea investigado en liberado: con comparecencia simple (sin restricciones) o o comparecencia con restricciones.