La gestión de Pedro Castillo quebró estructura del Despacho Presidencial en 13 aspectos

El informe, al que tuvo acceso El Comercio, expone las conclusiones a la que arribó el grupo, conformado por algunos funcionarios públicos, para establecer en base a esta evidencia reformas en la organización. Para ello, se identificó qué aspectos fueron los afectados durante la gestión anterior.

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La comisión señaló como primer punto que la actual estructura del Despacho Presidencial responde a un “modelo funcional desarticulado, cerrado y mecánico”. El mismo que no favorece “la integridad, la transparencia”, entre otros aspectos. Además, que esta estructura colisionó con el rol fundamental del despacho.

De la revisión de la gestión anterior, entre el 28 de julio del 2021 al 6 de diciembre del 2022, se obtuvo que el estilo de gestión operó “bajo cánones de elevada informalidad, de limitada o inadecuada reglamentación de funciones y procesos; de poca transparencia y de prácticas reñidas con la ética de la función pública”.

Otro punto que destacó la comisión es lo relacionado a las designaciones que se dieron durante el gobierno del expresidente Castillo. Una de las constantes fue, precisamente, el nombramiento de personas con perfiles inadecuados para la función pública.

La Contraloría había observado, solo hasta noviembre del 2021, al menos 13 casos de personas designadas en puestos de confianza que no cumplían con requisitos específicos o presentaban conflictos de interés. Sin embargo, esta escasa gestión de perfiles arribó también en el Gabinete ministerial.

La comisión concluyó también que para la designación de asesores del Despacho Presidencial “no se priorizó la idoneidad, ni prevalecieron criterios de razonabilidad que sustentaran los nombramientos”. Por el contrario, que estos nombramientos respondieron al clientelismo político o favores personales, y se observó la ausencia de procesos de selección.

Una de las más graves conclusiones es que, en el caso del Consejo de Ministros, no hubo verificación de antecedentes penales y éticos para la designación de estos altos funcionarios. Así también, no se evaluó la experiencia y competencias profesionales de los designados. “Esto permitió que personas sin idoneidad ni vocación de servicio público llegaran a ocupar cargos ministeriales”, lo que derivó en lo hoy conocidos casos de corrupción que están en investigación. Entre ellos, los que involucran a los exministros Juan Silva, extitular de Transportes, y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda. Sin embargo, la gestión de Castillo acumuló otras cuestionadas designaciones, como la de Hernán Condori en Salud, Wilber Supo en Ambiente, Iber Maraví en Trabajo, Luis Barranzuela en Interior, Carlos Gallardo en Educación, entre otros.

La comisión también identificó que, respecto a los procesos de gestión interna, hubo improvisación en la conducción de la agenda de reuniones de la Presidencia, que “se caracterizó por la ausencia de una programación ceñida a objetivos de Gobierno o del Estado”.

Mientras que la toma de decisiones estratégicas fueron sobre todo negligentes y con una “discrecionalidad irrazonable, sin valerse de evidencia solvente y confiable”. También se halló que la gestión del despacho ha tenido una “recargada atención a múltiples requerimientos coyunturales carentes de racionalidad” y una agenda no solo improvisada, también desestructurada y sin objetivos.

Respecto a la coordinación que requiere una unidad como el Despacho Presidencial, durante el gobierno de Pedro Castillo no hubo aspectos mínimos para cumplirla. Al respecto, el grupo de expertos llamó la atención por las inexistentes reuniones de coordinación entre el secretario del Consejo de Ministros y la Presidencia antes de las sesiones del Consejo de Ministros.

Otra de las observaciones se ha concentrado en las actas del Consejo de Ministros. No solo no fueron correctamente publicadas, sino que la organización de los denominados “Consejos de Ministros Descentralizados” colisionó con los reglamentos establecidos.

La comisión ha precisado sobre estos eventos que se realizaron “sin contar con normas reglamentarias sobre su desenvolvimiento, agendas previas, documentación sustentatoria, ni mecanismos de seguimiento de los acuerdos”. Todo ello ha revelado “un estilo de gestión improvisado, irracional y alejado de los intereses nacionales”.

En mayo del 2022, El Comercio había observado la realización de estos eventos, pues al término de las reuniones, que se realizaron sobre todo en regiones, no se contó con instrumentos para la formalización de acuerdos, como la firma de actas. Solo una de ellas resultó en un documento que los establecía, mellando en la transparencia de la gestión.

Uno de los aspectos que también fue evidente en la gestión de Pedro Castillo fue la falta de transparencia del gobierno. La comunicación de las políticas y acciones hacia la población fue relegada, y hubo “una relación de irrespeto” hacia la prensa por parte del Despacho Presidencial.

Como consecuencia, los mensajes del expresidente fueron “esporádicos e impulsados por requerimientos episódicos carentes de visión estratégica”.

Finalmente, el informe del gobierno resalta que no solo hubo falta de liderazgo y carente voluntad política, sino desarticulación entre el Despacho Presidencial con el resto del Estado. Esto se vio “agravado por la falta de idoneidad del gabinete de asesores para fijar prioridades”. Así como un escaso uso de tecnología digital y de datos para tomar decisiones.

Tomando en cuenta esta evidencia, la comisión encargada ha trazado tareas de implementación inmediata (de 1 a 3 meses) y de implementación priorizada (de 6 meses a más), así como lineamientos respecto a integridad, rendición de cuentas, reforma organizativa, recursos humanos, transformación digital, entre otros.

Entre las propuestas se considera la eliminación de la Oficina de Apoyo al Cónyuge, la creación de la Oficina de Integridad dependiente de la Secretaría General, así como la fusión de otras oficinas debido al complemento de funciones. Además, la publicación de todas las actas del Consejo de Ministros, anteriores y futuras, evaluación de riesgos de corrupción, entre otros.

Karla Gaviño y Jesús Macedo, expertos en gestión pública, comentaron a El Comercio que si bien la nueva gestión ha propuesto cambios para revertir el deterioro diagnosticado en el Despacho Presidencial, la aplicación y sostenibilidad de estas sugerencias dependerá de decisiones políticas.

“Hay una serie de aspectos que deben mejorar. Esta estructura no es que recién haya llegado, el tema es el uso que se le dio a una estructura que necesitaba ajustes”, comentó Gaviño. Por ello, agregó que “el mal uso de esta estructura desfasada es lo que ha acrecentado el deterioro que hubo en la capacidad de implementar políticas públicas y en la gestión pública. Que la vayan a aplicar en su totalidad o en parte dependerá de los recursos y prioridad que se le dé”.

Respecto al tiempo que podría tomar poner en marcha una organización óptima del Despacho Presidencial, refirió que “cuánto demore, si es que se decide implementar las recomendaciones, dependerá de la decisión, la celeridad y la capacidad que tengan para hacer los cambios”, incidió Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

De otro lado, Macedo señaló que la sostenibilidad de las propuestas dependerá de quién asuma la Presidencia. “Es un tema de capacidad. El informe dice que se trabajaba desarticuladamente. [...] Es un tema de decisión política, que quien esté en el poder involucre la transparencia e integridad en todos los funcionarios. Segundo, se tiene que convocar a gente que tenga estas calidades y que los profesionales no tengan compromiso de quién los eligió”, detalló.

Finalmente, respecto al informe elaborado, los expertos mencionaron que este refiere como principal retroceso la corrupción y caos.

“El principal retroceso es que la corrupción no solo empobrece al Estado, sino a la gente. Es lamentable que hasta esos niveles se utilice el aparato estatal, que se haya usado para pagar favores. [Esto] mina en la legitimidad, crea más desconfianza”, concluyó Macedo, profesor de Gestión Pública en la Universidad Nacional de Moquegua.

Asimismo, Gaviño opinó que “el informe retrata muy bien una figura desorganizada, caótica del Despacho Presidencial conforme lo encontró la comisión, con una serie de tareas que se superponían”. Cuestionó también que el aspecto meritocrático, clave para las mejoras, tiene aún filtros que mejorar.