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El jefe de Estado dijo que los derechos laborales deben ser considerados como "actos sagrados". (Foto: archivo Presidencia)
/ ALDAIR_MEJIAPor Redacción EC
El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que en los últimos años hubo una satanización hacia los dirigentes sindicales que luchan por los derechos de los trabajadores y que el “terruqueo” ya ha llegado a su techo.
El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que en los últimos años hubo una satanización hacia los dirigentes sindicales que luchan por los derechos de los trabajadores y que el “terruqueo” ya ha llegado a su techo.
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Durante su discurso en el lanzamiento de la Escuela de Estudios Sindicales, en Palacio de Gobierno, señaló que este tipo de descalificaciones buscan excluir a determinadas personas de las mesas de diálogo. En la ceremonia participó la titular del sector Trabajo, Betssy Chávez, entre otras autoridades y representantes de los trabajadores.
“En los últimos años hubo una satanización a los dirigentes sindicales, lo ha habido siempre, diciendo que es extremista, el término del ‘terruqueo’ ya llegó a su techo. Empiezan a decir cosas, y si no tiene nada, lo crean para que no participen en las mesas de diálogo, pero los dirigentes no nos despegamos de la base”, aseveró.
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En esa línea, señaló que es necesario hacer que los derechos laborales sean tomados como “actos sagrados” a fin de que instancias como el Tribunal Constitucional no declaren como ilegales las medidas tomadas en favor de los trabajadores.
“En ese entender, es importante que la negociación colectiva sea permanente. Hay derechos constitucionales que han pasado al Tribunal Constitucional y han sido declarados inconstitucionales, es necesario ordenarnos y ver de qué manera los derechos se pueden tomar como un acto sagrado y no puedan ser declarados inconstitucionales”, agregó.
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En noviembre de este año, el TC declaró por mayoría la inconstitucionalidad de la Ley N° 31131, que disponía la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales 276 y 728.
El argumento principal de la sentencia es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y el traslado de los trabajadores CAS a los regímenes 276 y 728 implica la disposición de recursos económicos.
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