La reestructuración de Petro-Perú ha iniciado. Una gran responsabilidad ha sido transferida a ProInversión, entidad que se encargará de los siguientes pasos para llegar a julio del 2026 con avances que no puedan deshacerse.
Este reajuste no implica una privatización; es decir, no pasará con Petro-Perú lo que sí con la Compañía Peruana de Teléfonos (conocida después como Telefónica) a mediados de 1994, cuando el Estado peruano dejó de controlar esta empresa. La reorganización por bloques patrimoniales implica que se puedan vender más fácilmente algunos activos y que la empresa privada pueda entrar a gestionar otros, como –ojalá– la refinería de Talara. Este proceso incluye el despido de personal, específicamente, de altos mandos de la petrolera, según detalló el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, a El Comercio.
En paralelo al plan de acción, es importante que la imagen de Petro-Perú comience a cambiar, no solamente para sus principales ‘stakeholders’, sino ante los ojos de los peruanos. Hoy la petrolera es vista como un barril sin fondo, en donde algunos funcionarios se han enquistado en aras de recibir un sinfín de beneficios y comodidades pensados en primera persona. Para los peruanos, al menos, debería ser una empresa que no malgaste nuestros impuestos. La deuda con la ciudadanía es tan alta como sus cifras negativas y su ya probada pésima gestión. Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, deberá liderar este cambio de la manera más transparente posible. Por ahora, la institución deberá presentar un plan de acción en menos de 60 días. Y ya, de hecho, corre contra el reloj.
Especialmente en los últimos tres años, la petrolera estatal ha sido el epicentro de idas, venidas, críticas, mentiras y disgustos. El gobierno del presidente Jerí tiene una gran oportunidad y deberá ponerse fuerte cuando los sindicatos y personas adversas al cambio hagan escuchar su voz. Voluntad hay, pero lo esencial es que no falle el músculo.
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