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En los últimos días, la economía peruana ha sufrido tres ataques de diferente tipo.
El primero ha sido consecuencia de la mayor incertidumbre, exacerbada en un contexto en que el dólar ya está experimentando un fortalecimiento global. Ello se traduce en que si bien los países emergentes con fundamentos más débiles, más expuestos a la volatilidad de flujos de capitales o percibidos como más riesgosos, han sufrido depreciaciones, subidas de riesgo país o caídas bursátiles significativas en lo que va del año, han arrastrado consigo a los demás. Y aunque el Perú viene mostrando un buen desempeño en términos relativos, no es inmune a la situación; por ejemplo, en el mercado cambiario, la depreciación del sol en las últimas dos semanas -aún tras las intervenciones recientes del Banco Central- ha sido comparable con la que había sufrido el resto del año. Pero es apenas superior a 2%.
El segundo también vino del exterior y fue contra el sistema financiero. Sin embargo, más allá del temor que previsiblemente podría causar una situación de esa índole, las principales entidades financieras parecen haber enfrentado bien un ciberataque de naturaleza similar a los que previamente ya habían ocurrido en otros países de América Latina, como en México y en Chile.
El tercero es interno. Tras su receso, el Congreso ha aprobado o está discutiendo una serie de medidas que no resisten mayor análisis económico. Para muestra, dos de las recientes.
La primera es el cobro por minuto por el servicio de estacionamiento vehicular, donde se generan incentivos perversos de diversa índole. Estos van desde el posible aumento de la tarifa efectiva por hora al sobrecosto para los establecimientos que deban implementar mecanismos de mayor precisión para medir el tiempo de estacionamiento. (Aunque se puede forzar el argumento hasta llegar a que se implementa para disuadir el uso ineficiente de automóviles).
La segunda es aumentar la CTS para los trabajadores de Essalud del régimen laboral del DL 276, medida que la entidad estima que le costará S/700 millones. De modo ilustrativo, según un congresista el proyecto no implicaba que Essalud tuviera que modificar sus planes de inversión, porque la ley establece que no se afectará su capacidad operativa. Esto ignora el núcleo mismo de la economía: recursos escasos, fines alternativos.
El MEF ha anunciado el planteo de inconstitucionalidad a esta medida, pero ya ha habido y seguramente seguirá habiendo iniciativas nocivas desde el punto de vista económico. La economía peruana ha mostrado ser fuerte, pero hay ataques a los que aún no está preparada para enfrentar.
