Impuesto a la renta empresarial único: ¿qué implicaría esta propuesta del pedido de facultades?

El Ejecutivo alista un pedido de facultades para legislar durante 120 días en distintas materias, entre ellas la tributaria. Un borrador preliminar del proyecto de ley, que todavía no ha sido presentado al Congreso y podría sufrir modificaciones, plantea cambios en los regímenes empresariales, incentivos vinculados al empleo y la capacitación, así como otros ajustes en la Ley del Impuesto a la Renta (IR).

Una de las principales propuestas consiste en establecer un IR empresarial único con tasas marginales y crecientes. Según el documento, el cambio buscaría fomentar la formalización y la competitividad de las empresas, respetar los principios de equidad tributaria y cumplir los objetivos fiscales de recaudación.

Sin embargo, el borrador no precisa cuáles serían las tasas, cuántos tramos se aplicarían, sobre qué base se calcularía el impuesto ni qué regímenes vigentes serían reemplazados.

Actualmente existen cuatro regímenes tributarios: el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General. Cada uno establece distintas condiciones, obligaciones y formas de calcular el impuesto, dependiendo del tipo de contribuyente, sus ingresos y la actividad que realiza.

Por ejemplo, el RER aplica una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos. En el RMT, el impuesto anual se calcula sobre la utilidad, con una tasa de 10% hasta las primeras 15 unidades impositivas tributarias (UIT) y de 29,5% sobre el excedente. El Régimen General, en tanto, aplica una tasa de 29,5% sobre la utilidad.

Una ruta para el crecimiento

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, explicó que un régimen único con tasas marginales permitiría construir una escala progresiva en la que las obligaciones tributarias y contables aumenten conforme crezca la empresa. Bajo este sistema, la tasa más alta se aplicaría únicamente al tramo adicional de utilidad y no a la totalidad de las ganancias.

A su juicio, el cambio podría eliminar el salto abrupto que se produce cuando una empresa supera los límites de un régimen y debe trasladarse a otro con mayores obligaciones.

“El régimen único alinearía los incentivos tributarios con la expansión de las empresas, la contratación formal y la ampliación de la base”, sostuvo.

Castilla consideró que el sistema vigente puede incentivar que algunas empresas se mantengan pequeñas, dividan sus operaciones o subdeclaren ventas para evitar el traslado hacia un régimen con una carga mayor. Una escala continua, señaló, permitiría que los negocios avancen gradualmente hacia tasas superiores conforme aumenten sus utilidades.

No obstante, Francisco Pantigoso, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, advirtió que el resultado dependerá de las tasas y los tramos que finalmente se establezcan.

El especialista consideró que el planteamiento podría recoger elementos de una propuesta anterior denominada “Tributa Fácil”, que contemplaba eliminar el RER y el RMT y sustituirlos por un esquema de cinco tramos basado en la diferencia entre los ingresos y los gastos.

Según Pantigoso, las tasas consideradas en aquella propuesta podían resultar superiores a la aplicada actualmente en el primer tramo del RMT. Si se retomara ese diseño, advirtió, el cambio podría ser contraproducente para determinadas empresas de menor tamaño.

Pantigoso sostuvo que, más allá de simplificar los regímenes, se debería promover la cultura tributaria y capacitar a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento.

El desafío de la informalidad

Los especialistas también mostraron posiciones distintas respecto de la capacidad de la propuesta para incorporar nuevos contribuyentes al sistema.

Castilla señaló que el efecto sobre la recaudación tendría que evaluarse de manera dinámica. Si la eliminación de los saltos entre regímenes lleva a más empresas a declarar sus ingresos reales y avanzar hacia tasas mayores a medida que crecen, la base tributaria podría ampliarse gradualmente.

“No se trata de subir impuestos de manera generalizada, sino de ordenar el sistema, cerrar filtraciones y fortalecer el cumplimiento para que la recaudación aumente de manera gradual y sostenible”, manifestó.

Pantigoso, en cambio, sostuvo que la modificación de los regímenes no resolvería por sí sola la informalidad. En su opinión, también sería necesario facilitar el cumplimiento, revisar el sistema de sanciones y reducir obligaciones que afectan el flujo de caja de los negocios.

Uno de los problemas que mencionó es que la obligación tributaria correspondiente al Impuesto General a las Ventas (IGV) puede originarse con la emisión del comprobante de pago o la entrega del bien, aunque la empresa todavía no haya cobrado la operación. En esos casos, el contribuyente debe financiar el impuesto con sus propios recursos, indicó.

“Lo que se estaría haciendo una vez más es legislar para empresas formales y no atacar la informalidad para que todos paguen impuestos de acuerdo con su capacidad contributiva”, cuestionó.

Incentivos para capacitación y empleo juvenil

El borrador también propone reconocer la deducción de los gastos de capacitación del personal y otorgar créditos tributarios por contratar jóvenes y capacitar trabajadores. Sin embargo, todavía no determina el monto de los beneficios, los requisitos para acceder a ellos ni el tiempo durante el cual estarían vigentes.

Castilla explicó que las medidas operarían mediante dos mecanismos. La deducción permitiría descontar determinados gastos de la base sobre la cual se calcula el impuesto, mientras que el crédito tributario se aplicaría directamente contra el monto por pagar.

“Abaratar temporalmente el primer empleo formal ataca el círculo vicioso de exclusión juvenil”, sostuvo Castilla.

Para el exministro, abaratar temporalmente la contratación de jóvenes podría contribuir a facilitar su ingreso al empleo formal. No obstante, consideró necesario definir el rango de edad de los beneficiarios, el tope y la duración del incentivo, el período mínimo de permanencia en planilla y las medidas para impedir que las empresas sustituyan a trabajadores existentes únicamente para acceder al beneficio.

Pantigoso observó que algunas de las medidas anunciadas no serían completamente nuevas. “Actualmente las capacitaciones al personal ya son deducibles del IR”, sostuvo. Asimismo, la Ley del Joven Empresario contempla un incentivo tributario vinculado con la contratación de jóvenes.

Por ello, consideró necesario conocer qué elementos adicionales serían incorporados mediante los eventuales decretos legislativos. También advirtió que las reglas deberían incluir controles para evitar contrataciones simuladas destinadas únicamente a reducir el impuesto por pagar.

Las precisiones pendientes

Además de estas medidas, el borrador permitiría establecer incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y tratamientos tributarios especiales y temporales para promover la formalización, la inversión, el emprendimiento, el empleo, la innovación y determinados sectores productivos.

Castilla consideró que, antes de presentar el pedido al Congreso, deberían definirse los umbrales y tasas de cada tramo del régimen único, la base sobre la cual se aplicaría el impuesto y las reglas de transición para los contribuyentes que actualmente pertenecen al RER, el RMT o el Régimen General.

También estimó necesario incluir mecanismos que impidan la división artificial de empresas para permanecer en los tramos con menores tasas, así como cuantificar el impacto fiscal de las medidas y verificar su compatibilidad con las reglas fiscales.

Pantigoso sostuvo que el alcance real de las propuestas solo podría evaluarse cuando se conozcan los decretos legislativos específicos. “Lo que se advierte es que serían, en la mayoría de veces, simples ‘parches’ a aspectos que necesitan mejoras, sin advertirse una reforma tributaria integral como el país necesita”, afirmó.

Para el especialista, el problema central que todavía quedaría pendiente sería la ampliación de la base de contribuyentes. La simplificación de los regímenes, agregó, tendría que acompañarse de medidas dirigidas directamente a identificar e incorporar a quienes actualmente desarrollan actividades económicas fuera del sistema tributario.