Megapuerto de Chancay: Ositrán advierte que fallo judicial debilita el control estatal sobre servicios al público

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) expresó su preocupación tras una reciente decisión del Poder Judicial que favorece a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú y limita la capacidad del Estado para supervisar el Megapuerto de Chancay.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada una acción de amparo presentada por la compañía y ordenó que Ositrán se abstenga de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

LEE: Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?

Ante este escenario, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, alertó sobre las consecuencias de esta medida durante una entrevista en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

“Ellos serían la única empresa que presta servicios al público y que no es supervisada en cómo presta esos servicios al público”, señaló.

Zambrano explicó que el fallo recorta las atribuciones del organismo para verificar el cumplimiento de los derechos de los usuarios finales, entre ellos importadores, agentes de aduana y propietarios de carga. Según indicó, sin la intervención del regulador, estos quedarían en situación de vulnerabilidad, al no existir una entidad que garantice el acceso a información transparente, la no discriminación en el trato comercial ni un procedimiento formal de reclamos ante una autoridad supervisora.

En ese sentido, precisó que la fiscalización estatal involucra a diversas instituciones, cada una con competencias específicas.

“Cualquier inversionista está sujeto a una serie de fiscalizaciones por el Estado. Por ejemplo, en gasto de un puerto, está la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está Sunafil, que va a entrar a ver temas laborales, está la SUNAT que va a haber tema de impuestos y Ositrán que entra a ver el tema de atención a los usuarios, derechos de los usuarios finales. Eso no lo ve Indecopi, eso no lo ve la autoridad portuaria. Entonces, al decir que no lo vamos a ver nosotros, ¿quién lo va a ver? No lo va a ver nadie", advirtió.

Debate por la naturaleza del proyecto

El sustento del fallo judicial y la posición de Cosco Shipping se basan en que el megapuerto es una infraestructura de propiedad privada, financiada íntegramente por la empresa, sin recibir bienes ni subsidios del Estado y sin operar bajo un contrato de concesión. En esa línea, el abogado de la compañía, Ramiro Portocarrero, afirmó que la competencia con otros puertos será el “mejor policía” para regular tarifas y servicios.

No obstante, Zambrano cuestionó este argumento al señalar que, pese al origen privado de la inversión, la empresa optó por brindar un servicio de uso público y utiliza 180 hectáreas de mar peruano, considerado un recurso de dominio público.

Aunque Ositrán aún no ha sido notificado formalmente del contenido completo de la sentencia, su presidenta confirmó que presentarán una apelación inmediata. La entidad busca revertir lo que considera un “régimen privilegiado”.