La minería que el Congreso quiere asfixiar

En el Perú, desarrollar un proyecto minero es una prueba de resistencia de largo aliento. Según el IPE, pueden pasar 40 años desde la exploración hasta la producción de una mina. ¿Qué tanto puede pasar en ese tiempo? Al ritmo actual, podrían pasar 40 presidentes y, con ellos, un sinfín de cambios de reglas.

Esto no es un accidente. Es el resultado de un sistema que suma tramitología, incertidumbre regulatoria y conflictos sociales para castigar a la inversión formal. Así, el riesgo no es solo encontrar mineral explotable, sino lograr que el proyecto sobreviva al ataque del propio Estado. Frente a esto, uno imaginaría una agenda orientada a destrabar, simplificar y dar estabilidad. Pero el Congreso ha optado por una solución distinta: reducir el plazo de las concesiones de 30 a 15 años y endurecer las condiciones para mantenerlas. La lógica es brillante: si algo demora mucho, hay que darle menos tiempo. Obvio.

El problema es que la concesión no es un privilegio accesorio. Es el título base de cualquier proyecto: sin concesión no se explora, no se perfora, no se estudia y, por supuesto, no se produce. Por eso, reducir su plazo no acelera nada. Lo único que hace es volver inviable la inversión desde el inicio. Ninguna empresa va a comprometer capital en un proceso largo, incierto y costoso si sabe que el tiempo no alcanza ni en el mejor escenario.

Las cifras también son claras: en exploración temprana, menos del 1% de los proyectos llega a convertirse en mina, según MinEx Consulting. Pero en la Comisión de Energía y Minas del Congreso parecen haber decidido que esa probabilidad todavía era demasiado alta. Cambiar las reglas —haciendo la concesión más precaria o sujetándola a criterios cada vez más discrecionales— debilita la seguridad jurídica. Con ello, la inversión formal se retira, pero no queda un vacío: ese espacio lo ocupa la actividad ilegal.

En Cajamarca, por ejemplo, donde proyectos formales como Conga no se desarrollaron, lo que sí avanzó fue la minería ilegal: sin estándares ambientales, sin derechos laborales, sin impuestos y estrechamente vinculada a economías criminales. Y este no es un caso aislado, sino un patrón que se repite en otras regiones. La sustitución es predecible: menos inversión formal, más inversión ilegal.

Pero quizás ese sea el verdadero objetivo de este Congreso populista y de un Ejecutivo hipotecado: no resolver los problemas que frenan a la minería formal, sino despejarle el camino a la ilegal. Porque, cuando el Estado impide la inversión que cumple la ley, no se detiene la actividad; simplemente se la entrega a quienes viven de incumplirla. Si de eso se trataba, entonces hay que reconocer que el dictamen está bien diseñado: asfixiar a la próxima mina formal antes de que vea la luz, allanar el terreno para la minería ilegal y seguir alimentando la inseguridad.