Un Perú más allá del 2021, por Marcel Gastón Ramírez La Torre

En algunas ideas estamos de acuerdo con la necesidad de establecer una visión de desarrollo con estrategias de mediano y largo plazo. Sin embargo, en lo que no parece haber consenso claro, en particular entre nuestras autoridades, es en el cómo lograrlo.

A su vez, existen incentivos “perversos” para que las autoridades de un gobierno no piensen más allá de su período de gobierno y redefinan las prioridades de acuerdo con su propia visión. Por ello, sobran las proyecciones de crecimiento del PBI, del saldo de la deuda, del nivel de pobreza, del déficit fiscal; todas hasta el año 2021, como si no existiera la vida más allá de ese año.

Ese año parece el gran hito al que el Perú debe llegar, lo que es una enorme falacia; tres años es un horizonte de planeación irrelevante, donde actúa más el ruido que la estructura. ¿Sabemos qué país queremos ser al 2030 ó 2050? ¿Cómo debe ser nuestra nueva matriz productiva? ¿A qué cadenas de valor globales nos debemos insertar? ¿Con qué nuevos servicios penetraremos los mercados internacionales? ¿Qué ventajas competitivas perderemos y cuáles ganaremos? ¿Cómo reduciremos nuestra brecha en inversión en I+D+i? ¿Cómo lograríamos darle sostenibilidad al crecimiento hacia el desarrollo cuando el boom exportador de materias primas pierda importancia? Esto nos obliga a ver al Perú mucho más allá del 2021.

Hace pocos días se ha anunciado el descubrimiento de un enorme potencial de litio en el Perú. Específicamente se habla de una mina de litio en roca (a diferencia del litio en salares de Argentina, Bolivia y Chile) que podría ser una de las más grandes del mundo. El anuncio, que puede ser uno de los más importantes en la historia reciente del Perú, ha pasado casi desapercibido, confundido entre las noticias del escándalo de corrupción en el sistema judicial del país. Sin embargo, no dejan de estar vinculados uno con el otro.

¿Cuánta inversión estaremos perdiendo por la enquistada corrupción en nuestro sistema judicial, así como por la ineficiencia de nuestra gestión pública? Aquí el Perú se vuelve a enfrentar a una trascendental decisión respecto a cómo mejor aprovechar ese importante potencial de recursos; el bienestar de las futuras generaciones de peruanos está en juego en esta decisión.

Es interesante el dilema ya que a la vez que se extrae el litio se debe extraer uranio, que por sus características requiere de una normativa clara para su extracción y manejo. Nuestra institucionalidad es sometida a prueba justamente cuando debe adecuarse a cambios disruptivos que pueden significar enormes oportunidades. La experiencia del Perú en situaciones similares no ha sido positiva; veamos, por ejemplo, el gas de Camisea, que tomó más de 20 años en convertirse en realidad y aun no tiene un impacto contundente sobre el bienestar de los peruanos; los recursos no explotados no solo no generan beneficios sino generan costos en términos de bienestar perdido.

Aquí el Estado debe de una vez por todas definir qué rol quiere cumplir. Debemos desterrar el Estado esquizofrénico que por momentos quiere ser controlista al extremo y luego quiere dejar todo al mercado. Convertir los beneficios tributarios en esquemas de apoyo a cambio de mejoras concretas en bienestar de la población es lo que el Estado debe hacer a la brevedad; el costo del recurso público mal utilizado es enorme en instrumentos de política mal diseñados como en corrupción extendida.

Exigimos un Estado pragmático, que reconozca sus debilidades y comparta riesgos correctamente con el sector privado; que busque promover efectivamente inversiones que generen valor agregado sobre la base de una evaluación rigurosa de proyectos de inversión privados que fijen un puntaje de acuerdo con el aporte que propongan sobre empleo formal, inversión, generación de valor agregado, entre otros factores que generen encadenamientos con la economía local.

Tomemos ejemplos de países como Costa Rica, Panamá, Uruguay y Colombia que comparten en común la visión de un Estado pragmático que privilegia la inversión y su mayor aprovechamiento de las ventajas comparativas locales para convertirlas en competitivas; por ello más duraderas y valiosas.

Necesitamos de una vez por todas un enfoque proactivo de atracción de inversiones, que alinee claramente políticas como la tributaria y laboral hacia una mejora concreta de la productividad, competitividad y especialización productiva. Debemos empezar a hablar en términos de pactos por la productividad, competitividad y formalización y premiar tanto a los privados como a los pliegos públicos que aporten claramente en esa dirección. Todo lo que implique un ahorro de recursos públicos a la par de una mayor eficacia y oportunidad debe premiarse, optimizando y extendiendo el enfoque de presupuesto por resultados que se maneja hasta este momento.

No podemos olvidarnos que a fin de dar el salto cualitativo que el Perú requiere hacia el desarrollo, una condición fundamental es implementar eficazmente reformas institucionales que favorezcan la cooperación público-privada, una gestión pública orientada a resultados más eficiente, eficaz y oportuna, reglas de gobernanza que privilegien el bienestar colectivo y sancionen la búsqueda de rentas.

El Bicentenario debería ser más que el fin, el inicio formal de un enfoque nuevo de desarrollo; esto sería más realista. Hoy deberían fijarse metas relevantes al 2021 que impliquen sentar bases sólidas para próximas décadas orientadas realmente al desarrollo.