Ositran, Osiptel, Sunass y Osinergmin: ¿Cuál es el riesgo de elegir mal a sus presidentes?

Estas entidades reguladoras son sumamente importantes para asegurar el Estado de Derecho y, en las últimas décadas, han mostrado ser islas de eficiencia dentro de la administración pública y esto se debe a que se ha preservado la meritocracia en la selección de sus directivos, señaló Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

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“En esa línea, todavía se preserva la meritocracia dentro del proceso de selección con requisitos claros previamente establecidos que se tienen que seguir independientemente de quiénes estén dentro del cuerpo técnico para la selección”, añadió.

Juan Carlos Salinas, socio senior del Estudio Muñiz, explicó que la referida selección no es un tema dejado al azar porque existe la Ley 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que señala los requisitos que deben cumplir las personas que busquen ser miembros del Consejo Directivo de un organismo regulador.

“El regulador tiene funciones muy importantes de fiscalización y supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las entidades supervisadas y la experiencia, idoneidad y solvencia son requisitos que deben cumplirse para garantizar la independencia del ente”, señaló.

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Riesgo de politización

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, es crucial que la comisión encargada de evaluar a los candidatos sea idónea. Su politización, aseguró, sería perjudicial para el país, ya las personas elegidas para estos cargos constituyen la autoridad cuya opinión se requiere para los cambios en los contratos de concesión.

“Somos uno de los países más demandados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y un factor que empeora nuestra situación es cuando hay un manejo político discrecional que puede percibir algún inversionista de algún proyecto de Asociaciones Público – Privadas (APP) o concesión”, dijo.

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Castilla calificó la designación de David Caballero Llanos, representante afín a Perú Libre en el comité de selección, como mala señal, dado que se trataría de un nombramiento inminentemente técnico. Esto, dijo, podría desincentivar que candidatos idóneos se presenten por temor a avalar una posible pantomima de designación.

“El comité tiene que ser absolutamente apegado a la ley y asegurarse de que el perfil técnico y los requerimientos se cumplan. Malos nombramientos serían una pésima señal y [una raya más al tigre] de todo lo que está atravesando el país”, anotó.

De darse una politización en la selección, el regulador podría convertirse en un mecanismo de presión a través de fiscalizaciones o supervisiones indebidas. Así, al tener facultad supervisora, normativa y reguladora, el ámbito de injerencia que tienen los reguladores en la ejecución de compromisos contractuales de los distintos sectores, necesita que las empresas supervisadas sean tratadas con criterios equitativos, de igualdad y siempre con el principio de legalidad, explicó Salinas.

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Copamiento partidario

Ames reiteró que aún se preserva la meritocracia dentro del proceso de selección de estas entidades y, en el momento actual en el que se está viendo el debilitamiento institucional de otros sectores, donde es más sencillo nombrar a personas afines al gobierno en puestos de confianza de libre disponibilidad, en este caso hay requisitos claros a seguir.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Perú ha sido invitado a formar parte, ha considerado entre sus requisitos el fortalecimiento institucional de los organismos reguladores y es importante no dejar de prestar atención al presente proceso”, señaló.

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Así, Ames aseguró que las normas actuales son suficientes para colocar los candados necesarios para evitar una mala selección.

Explicó que los mecanismos que se han tenido hasta el momento han permitido que se seleccione a personas idóneas. “Además, en la elección para el directorio del Banco Central de Reserva (BCR) se eligió a profesionales independientes del gobierno, por lo que esperemos que también así sea en el caso de los presidentes de los organismos reguladores”, añadió.

Sin embargo, Castilla no descartó la posibilidad de un copamiento y señaló que sería perjudicial luego del anuncio del presidente de la República de la renegociación de contratos de concesión suscritos con inversionistas privados.

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“Esto puede desincentivar la inversión y se incrementaría la prima de riesgo regulatorio, que es un factor que las agencias calificadoras de riesgo han alertado y con esto subiría el riesgo de invertir en el país”, explicó.

Aunque no se trata solo de la cabeza y los consejos directivos de los entes que pueden actuar como amortiguadores, también habría que estar atentos a quiénes acompañan al presidente designado, anotó Castilla.

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Competencias

Dentro del ámbito de competencia, los organismos reguladores ejercen la función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, solución de controversias y de reclamos de los usuarios de los servicios que regulan.

Así, tenemos por ejemplo que Ositran es el ente encargado de emitir opinión respecto a la adenda de Lima Airport Partners (LAP) como concesionario del Aeropuerto Jorge Chávez o los contratos de concesión que están bajo el ámbito de Osiptel, explicó Castilla.

“Es importante evitar que se conviertan en instrumentos de extorsión, deben mantenerse autónomos y con un manejo técnico, porque con una medida inadecuada puede variar el equilibrio financiero de los contratos de concesión o generar algún tipo de contingencia para el Estado”, señaló.

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