La compañía del Grupo Gloria anunció que recurrirá a la vía judicial tras ser notificada con la resolución, destacando un voto en discordia que pedía anular la sanción | Foto: GEC.
La compañía del Grupo Gloria anunció que recurrirá a la vía judicial tras ser notificada con la resolución, destacando un voto en discordia que pedía anular la sanción | Foto: GEC.

, del , anunció que se encuentra evaluando tomar acciones para impugnar la reciente decisión del Tribunal del , que confirmó parcialmente una sanción por prácticas anticompetitivas.

La empresa fue notificada con la Resolución N.° 0266-2025/SDC, emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, que si bien ratifica la declaración de responsabilidad por abuso de posición de dominio, dispuso una reducción de la multa inicialmente impuesta en 2022.

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Maro Villalobos
Un punto destacado por la compañía es la existencia de un voto en discordia dentro del Tribunal, hecho por el consideraron que “la imputación contra Yura debió declararse infundada”.
Un punto destacado por la compañía es la existencia de un voto en discordia dentro del Tribunal, hecho por el consideraron que “la imputación contra Yura debió declararse infundada”.
/ ANTHONY NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Según el comunicado de Yura, la resolución “confirma parcialmente la decisión de primera instancia del año 2022 [...] y dispone una reducción de la multa inicialmente impuesta”, pero la cementera manifestó su desacuerdo con los fundamentos del fallo.

“La empresa discrepa de los fundamentos de la resolución y anuncia que se encuentra evaluando la interposición de una acción contenciosa administrativa, conforme a la legislación vigente y dentro del plazo establecido", señaló Yura en su comunicación.

Un punto destacado por la compañía es la existencia de un voto en discordia dentro del Tribunal, hecho por el consideraron que “la imputación contra Yura debió declararse infundada”.

En ese sentido, reiteraron que sus operaciones se desarrollan bajo “estrictos estándares de cumplimiento normativo” y expresó su confianza en que “el proceso judicial permitirá una evaluación integral y objetiva de los hechos”.

El presidente Donald Trump dio este miércoles 10 de diciembre una nueva vuelta de tuerca en su presión contra Venezuela al incautar un petrolero utilizado por Caracas y Teherán para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. (AFP)
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¿Por qué el Indecopi sancionó a Cemento Yura?

La decisión del Indecopi confirma que Yura S.A. y Racionalización Empresarial S.A. (Raciemsa), ambas parte del mismo grupo económico, ejecutaron acciones para restringir la competencia en el mercado de venta de cemento en el sur del país.

Según advirtió la entidad del Estado, las prácticas anticompetitivas se desarrollaron entre octubre de 2014 y abril de 2019, afectando departamentos como Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, donde superó el 90 % de la cuota de mercado.

De tal forma, el Tribunal sancionó a Yura y Raciemsa de manera conjunta con una multa que asciende a S/ 59 526 652 (equivalente a 11 128.72 UIT, con base en la UIT del 2025). Además, se multó a ocho personas naturales vinculadas con S/ 936 000 en total.

El cemento es el principal insumo utilizado en la construcción en regiones del sur del país como Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, informó el Indecopi. (Foto: Yura)
El cemento es el principal insumo utilizado en la construcción en regiones del sur del país como Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, informó el Indecopi. (Foto: Yura)
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¿Qué prácticas anticompetitivas habría realizado Cemento Yura?

La investigación determinó que las empresas ejecutaron estrategias como:

  • Exigir a ferreterías y distribuidoras dejar de adquirir cemento de otras marcas
  • Restringir la venta de cemento Yura a quienes comercializaban productos competidores
  • Advertir a transportistas que no serían recontratados si colaboraban con marcas rivales

De tal forma, la Sala del Tribunal del Indecopi, cuya decisión es definitiva en la vía administrativa, también ordenó a las empresas sancionadas implementar un programa de cumplimiento de normas de libre competencia durante cinco años.

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