Los colegios privados expresaron su preocupación por el proyecto de ley aprobado en el Congreso este jueves que plantea, entre otras cosas, establecer medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, como el control de precios de las matrículas y pensiones.
La iniciativa legislativa tiene carácter multipartidario, debido a que resulta de la acumulación de 11 proyectos de ley. En un comunicado, los colegios privados señalaron que el mencionado proyecto “ahondará la grave crisis que viene sufriendo el sector”, debido a la pandemia del COVID-19 ha llevado a más de 5,000 docentes a perder su empleo y ha obligado a más 350,000 estudiantes a migrar de una escuela privada a una pública.
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En lo que va del 2021, el 90% de los colegios privados a nivel nacional han comenzado el año escolar con una deserción de más de 200,000 alumnos, según cálculos del Grupo Educación al Futuro. “Este grupo de alumnos que representan el 15% han sido trasladados a escuelas públicas o escuelas privadas de menor costo”, dijeron en el comunicado.
También señalaron que el Grupo Educación al Futuro estima que más de 3,000 colegios corren el riesgo de cerrar sus aulas a causa de la alta morosidad en el pago de las pensiones que ha llegado hasta un 40%, pese a los esfuerzos de las instituciones educativas en otorgar descuentos importantes, becas institucionales, eliminación de mora, fraccionamiento de pagos sin intereses, entre otros.
“Este año, el 51% de los colegios mantuvo sus pensiones con respecto a diciembre de 2020 y el 49% solo incrementó en un 6% versus el mismo periodo, evitando llegar a los montos de prepandemia”, indicaron.
En los artículos 10 y 11 de la propuesta legislativa se establece que la pensión escolar no puede incluir el alquiler, la depreciación, la seguridad, los servicios públicos, entre otros.
En opinión de Jorge Camacho, vocero de Alianza de Escuelas Privadas, esta medida es arbitraria y desproporcionada, debido a que no se podrá mantener el alquiler de un local si el colegio no tiene ingresos.
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“Si el colegio se queda sin local pierde una de las condiciones básicas de funcionamiento y, por lo tanto, pierde la autorización para funcionar, por lo que no podrá continuar prestando el servicio ni siquiera en la modalidad virtual”, asegura.
Además, en los artículos 8.1.5. y 8.1.6. del citado proyecto se establece que el colegio debe llegar a acuerdos con los padres de familia sobre la reducción de las pensiones y, mientras no llegue a un acuerdo, no puede imponer pensiones de forma unilateral.
“La matrícula para el año 2021 ya contiene un acuerdo del monto de las pensiones por parte de los padres de familia, por lo que no tiene sentido que se nos pida volver a llegar a un consenso. Además, en el hipotético caso que no se llegue a un consenso, ¿cómo va a subsistir si no puede cobrar pensiones? Estas disposiciones afectan directamente la continuidad de la educación”, sostuvo Camacho.
Por otro lado, el vocero de Alianza de Escuelas Privadas también cuestionó que el proyecto plantee que el colegio debe permitir al estudiante a realizar traslados y reservar vacante por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta 180 días después de concluida. En opinión de Camacho, esto carece de sustento y razonabilidad, debido a que también afecta al estudiante.
“Se fomentaría su traslado de un colegio a otro sin completar ningún aprendizaje y afectaría innecesariamente al colegio al no poder cubrir esa vacante con otro estudiante por el tiempo que dure la pandemia y hasta 6 meses después, sin tener ni siquiera la certeza de que estos estudiantes trasladados regresen. Con esto, se obligaría a los colegios a tener aulas vacías a la espera del retorno de los estudiantes retirados, lo que económicamente no es viable”, concluyó.
El Gobierno anunció que promulgará la ley que autoriza el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el transcurso de esta semana. En el siguiente video, sepa quiénes podrán hacer el retiro.
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