El Instituto Peruano de Economía señaló que los recientes asesinatos y los múltiples atentados contra las operaciones de minería formal evidencian los peligros de la minería ilegal y los enormes desafíos del programa de formalización minera, que tiene al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal instrumento de acción.
En ese sentido, informaron que en el 2024 las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un récord de US$7.415 millones, un 54% más que en el 2023. Este crecimiento ha sido impulsado por el alza del precio internacional del oro, que subió casi 70% en cinco años y superó los US$3.000 por onza y por la falta de control estatal. Además, de políticas como el Reinfo que han otorgado una apariencia de legalidad a esta actividad ilegal, facilitando su expansión. El IPE subrayó que el Perú es un jugador clave en el abastecimiento de oro ilegal en el mundo.
De acuerdo con un estudio de IPE, nuestro país explica el 44% de las exportaciones de América del Sur. En esta radiografía, los principales destinos se han ajustado en favor de mercados con menores exigencias: hace 10 años cerca del 75% de las exportaciones de oro tenían como destino Suiza, EE.UU. y Canadá. Ahora, cerca del 40% de los envíos se dirigen hacia India y Emiratos Árabes Unidos, mercados con menores exigencias sobre el origen de los productos.
El Instituto Peruana de Economía indicó que la expansión de la minería ilegal refuerza la presencia del crimen organizado y el impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente en regiones como La Libertad y Madre de Dios.
Por ejemplo, el número de homicidios por cada 100 mil habitantes en el Perú pasó de 3,5 a 6,0 entre 2019 y 2024, registrando un incremento de +2,5. En regiones con alta presencia de esta economía ilegal el incremento fue mayor: Madre de Dios (+6,5) y La Libertad (+6,1). Por su parte, en línea con el alza de las actividades delictivas, las denuncias por extorsión a nivel nacional se multiplicaron por cuatro en el mismo periodo, siendo La Libertad la región con mayor registro, con 250 por cada 100 mil habitantes, cinco veces el promedio nacional.
El IPE resaltó que las estadísticas oficiales no reflejan con precisión la situación real de la minería ilegal. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de oro en Madre de Dios se redujo 84% entre 2019 y 2024. Gran parte de dicha caída estaría asociada con la Operación Mercurio.
Sin embargo, varios estudios de la Unión Americana de Geofísica y MAAP muestran la apertura de nuevos centros de explotación, visibles mediante imágenes satelitales. El informe también sostiene que el consumo atípico de combustibles en zonas como Madre de Dios refleja el repunte de la minería ilegal y de otros ilícitos, que se ven impulsados por beneficios tributarios.
“Pese a sus impactos negativos, los recursos destinados a combatir esta actividad ilícita han disminuido 37% en términos reales desde el 2019. El presupuesto del programa “Reducción de la minería ilegal” ascendió a S/ 89 millones en el 2024, muy por debajo de los S/ 121 millones destinados en 2019. Así, de cada S/ 100 del presupuesto total asignado para orden público y seguridad, se gasta solo S/ 0,50 en combatir la minería ilegal”, precisó el IPE.
El IPE enfatizó en que uno de los problemas de las políticas contra la minería ilegal radica en el Reinfo. El programa ha sido ampliado en cuatro ocasiones desde 2017. Además, el 76% de los 84.470 registros están suspendidos.
“Resulta especialmente preocupante que, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, los productores mineros en esta situación continúen siendo considerados por las autoridades como ‘informales’ y no ‘ilegales’, lo que les permite eludir las acciones de fiscalización”, agregó.
Un estudio de IPE recomienda el cierre del Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral, con un régimen que promueva la formalización, sin ampliaciones ni eximiendo de responsabilidades penales a los involucrados. Adicionalmente, el estudio subraya la necesidad de una política de trazabilidad integral que priorice la fiscalización en la cadena de suministro del oro, además de acciones de acompañamiento al proceso de formalización e inteligencia para un combate efectivo.
Para ello, el IPE considera fundamental reforzar la presencia del Estado en las zonas afectadas, asegurando que las instituciones competentes, como el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), asignen recursos significativos a la lucha contra la minería ilegal.
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